La Junta de Andalucía ha anunciado la anulación de 155 inscripciones de Viviendas de Uso Turístico (VUT) en el Registro de Turismo de Andalucía y la revisión de otras 122, en cumplimiento de la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) destinada a contrarrestar la turistificación en Cádiz. Esta medida fue impulsada por la Delegación de Urbanismo y Vivienda en el mandato municipal anterior, marcando un precedente en la región por establecer límites a la especulación inmobiliaria asociada al turismo.
La formación IU Cádiz ciudad ha expresado su satisfacción ante esta decisión, resaltando la necesidad de diversas denuncias públicas y iniciativas en el Parlamento andaluz, especialmente por parte de la diputada de IU, Inma Nieto, para motivar a la Junta a tomar acción. Un portavoz de IU ha destacado que la implementación de esta normativa fue pionera en Andalucía, desafiando la percepción de que los ayuntamientos no podían imponer restricciones a la especulación inmobiliaria ligada al turismo, una idea que incluso el Partido Popular consideraba inviable.
La tramitación de esta norma enfrentó numerosos obstáculos, incluido el escepticismo del PSOE sobre su legalidad, lo que postergó su aplicación por más de un año y medio. La ironía subrayada por IU radica en que, aunque la Junta ha comenzado a aplicar la norma, aún mantiene un recurso contra la Modificación del PGOU en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), recurso instigado por Bruno García desde la propia Junta.
IU también ha señalado la responsabilidad que deberían asumir aquellos partidos, como el Partido Popular y el PSOE, que contribuyeron a la alarma y al bloqueo de la norma, especialmente considerando las inscripciones realizadas desde el inicio de los problemas asociados a las VFT en la ciudad hasta la aprobación definitiva de la normativa.
Para concluir, la formación ha agradecido el esfuerzo y la presión ejercida mediante las iniciativas presentadas en el Parlamento de Andalucía, que han sido cruciales para instar a la Junta a actuar y a rendir cuentas sobre las medidas que debía implementar para abordar esta problemática en Cádiz.
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