La polémica sobre la gestión de las viviendas públicas en régimen de alquiler con opción a compra en Cádiz ha generado un intenso debate entre el equipo de gobierno local y los partidos de la oposición. Este desacuerdo se centra en las viviendas del parque público de San Juan Bosco 1 y 2, donde el PSOE y Adelante Izquierda Gaditana (AIG) han expresado su descontento con las propuestas del Partido Popular, que lidera el gobierno municipal, acusándolo de pretender privatizar estos inmuebles en detrimento de los ciudadanos de bajos ingresos.
José Ramón Ortega, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, criticó duramente al Partido Popular por lo que considera una gestión inapropiada de PROCASA, la empresa pública de vivienda. Según Ortega, el PP está tratando a PROCASA "como si fuese una inmobiliaria privada", enfocándose en eliminar la carga hipotecaria del Ayuntamiento a costa de los posibles propietarios y la pérdida de viviendas de alquiler y patrimonio inmobiliario municipal. Ortega subrayó la importancia de renegociar los créditos para rebajar los tipos de interés y evitar sobrecargar a los inquilinos. Además, lamentó la falta de información proporcionada a los vecinos y criticó la intención del PP de vender las viviendas públicas, desalojando previamente a aquellos inquilinos que no pudieran ejercer la opción de compra.
Por su parte, Helena Fernández, concejala del Grupo Municipal de Adelante Izquierda Gaditana, también celebró la retirada de la propuesta de venta en el Consejo de Administración de PROCASA, gracias a la presión ejercida junto al PSOE. Fernández argumentó que esta medida habría conducido al desahucio de 38 familias, proponiendo en su lugar transformar estas viviendas en alquiler social para garantizar la permanencia de estas familias en sus hogares. Criticó la propuesta inicial del gobierno, que habría forzado a las familias sin solvencia económica a abandonar sus viviendas sin alternativa habitacional.
En respuesta a estas acusaciones, Ana Sanjuán, concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Cádiz, defendió la política de vivienda del equipo de gobierno, alegando que se han mantenido en contacto permanente con las familias afectadas y que, a diferencia de lo afirmado por la oposición, el plan no es desalojar a los inquilinos. Sanjuán remarcó el aumento en la construcción de viviendas destinadas al alquiler social desde la entrada del actual equipo de gobierno y criticó la gestión previa de vivienda pública, señalando una baja producción de nuevas viviendas y la falta de iniciativa de la Junta de Andalucía en este ámbito.
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