La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha calificado de lamentable el trato que la Junta de Andalucía está dando a los vecinos de la séptima fase del Cerro del Moro. Pese a las numerosas promesas realizadas durante los últimos años, en ningún momento se informó a los vecinos que, a diferencia de las fases anteriores de remodelación del barrio, perderían la propiedad de sus viviendas y pasarían a vivir de alquiler.
Este hecho fue descubierto por los propios vecinos al consultar el documento de licitación de la obra, que indicaba que la nueva edificación sería destinada a viviendas protegidas de alquiler (VPA). Las 67 familias afectadas se encontraron desconcertadas al confirmarse que, para acceder a las nuevas viviendas, deberán hacerlo en régimen de alquiler o, de lo contrario, mantenerse en sus actuales y ruinosas viviendas hasta su demolición.
La Junta de Andalucía está convocando de manera individual a los vecinos para que acepten las nuevas condiciones, sin informarles del precio que recibirían por sus actuales viviendas ni de las condiciones del alquiler. Los vecinos desconocen si deben cumplir los requisitos económicos para acceder a las VPA, los precios del alquiler o qué familiares tendrán derecho a subrogarse a dichos contratos, lo cual es preocupante dada la avanzada edad de algunos residentes.
La APDHAA considera que este ocultamiento es un grave engaño de la Junta de Andalucía y una dejación en materia de vivienda. La Junta apenas aporta financiación a esta obra, cuyo coste está repartido entre el Estado y fondos europeos. Sin embargo, la dependencia de estos fondos europeos obliga a mantener las viviendas en alquiler durante 50 años. La APDHAA reclama que se renuncie a estos fondos para actuar con justicia con los vecinos, sugiriendo que la Junta puede y debe aportar financiación propia, especialmente después de obtener cerca de siete millones de euros por la venta del suelo de las 212 viviendas de Loreto a una empresa privada.
La máxima preocupación de la APDHA es que se juegue con la situación de precariedad de muchos propietarios, llevándolos a aceptar el nuevo planteamiento de la Junta sin conocer la pérdida de derechos y las nuevas condiciones que se impondrán. Por ello, la APDHAA seguirá muy pendiente de este asunto y recurrirá a cuantas instancias sean necesarias para evitar que se vulneren los derechos de estas personas.
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