La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha reiterado su exigencia a la Zona Franca para que los terrenos de la antigua Navalips, actualmente en manos de esta entidad y de la empresa pública Sepides, sean destinados al alquiler en lugar de ser utilizados para fines especulativos. La APDHA sostiene que, a pesar de que la venta de estos suelos podría resultar "muy rentable" para los propietarios, estos deben ser reservados para satisfacer las necesidades de la ciudadanía, en lugar de ser un negocio lucrativo.
La asociación ha criticado que la construcción proyectada de 800 viviendas, de las cuales la mitad serán de venta libre y la otra mitad viviendas protegidas, "nos aleja de la posibilidad de destinar buena parte del escaso suelo disponible en la ciudad" para la mayoría social que solo puede acceder a la vivienda mediante el alquiler.
En relación con las viviendas protegidas, la APDHA ha expresado su preocupación por la falta de claridad respecto a la forma en que se gestionarán estos suelos, cuestionando si la Zona Franca "piensa promoverlas directamente o si tiene intención de vender los suelos a empresas privadas para que las hagan y gestionen ellas". Además, la asociación teme que la falta de información sobre el régimen de protección de estas viviendas indique una posible intención de destinarlas a VPO de régimen limitado, que son las "viviendas protegidas más caras" y cuya protección se limitaría a solo siete años. Según la APDHA, esto podría llevar a que estas viviendas se conviertan rápidamente en "privadas y sujetas a especulación".
Finalmente, la APDHA ha señalado la responsabilidad del Gobierno Central y de sus representantes en la ciudad por permitir políticas que tratan el suelo como un "negocio lucrativo" sin considerar las necesidades reales de la población. Por esta razón, la asociación demanda que tanto el Gobierno Central como la Zona Franca reconsideren su política de vivienda y actúen en consonancia con la Ley de Vivienda, promoviendo el alquiler como una prioridad.
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