La sección sindical de CSIF en Valoriza Servicios Medioambientales ha denunciado "graves incumplimientos del pliego de condiciones en materia de personal y derechos laborales y sociales de la plantilla, además de otros puntos que hacen imposible que se ofrezca un servicio de calidad a la ciudadanía".
CSIF lamenta la falta de personal y de contrataciones en la empresa concesionaria de la limpieza pública de Cádiz, lo que, según el sindicato, provoca una "considerable sobrecarga de trabajo" en la plantilla. A esta situación se suma la falta de maquinaria adecuada y la obsolescencia de la que está en funcionamiento, lo que resulta en "falta de periodicidad en el baldeo de los barrios, la no cobertura del barrido de todos los sectores, la imposibilidad de limpiar todos los contenedores y papeleras, y problemas en la recogida de enseres".
Respecto a las condiciones laborales, CSIF ha señalado que durante el tiempo que la empresa ha operado en la ciudad, ha habido una reducción del poder adquisitivo de la plantilla, "retirándole el cobro de la bolsa de estudios al personal eventual o retrasándoles el cobro de determinados pluses". También ha denunciado una reducción de derechos sociales, como modificaciones en las ampliaciones de jornada del personal fijo a tiempo parcial, restricciones en las movilidades funcionales y la falta de entrega de uniformidad completa.
El sindicato destaca que estas medidas se han producido a pesar de que la empresa ha incrementado sus beneficios, sin que ello haya mejorado la calidad del servicio ofrecido a la ciudad. CSIF recuerda que Valoriza se hizo con el contrato de limpieza, el más costoso asumido por el Ayuntamiento, con una oferta que fue la peor valorada en el proceso de licitación y la más cara, tras el rechazo de las propuestas de Cointer y Acción.
CSIF ha afirmado que "viendo el estado deplorable en que se encuentra la ciudad y los recortes de servicios que se están produciendo", consideran que "al final, Valoriza presentó una oferta temeraria encubierta". Por ello, la sección sindical exige al Ayuntamiento de Cádiz, como parte contratante, "un mayor control del servicio que la empresa concesionaria presta a la ciudad, exigiendo el cumplimiento pleno del pliego de condiciones y adoptando medidas que obliguen a la empresa a asumir sus responsabilidades".
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