IU ha manifestado su satisfacción porque las formaciones políticas, a excepción del Partido Popular (PP), se posicionan en favor de la vivienda pública en Navalips. Según la formación de izquierdas, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha aclarado su postura para que las viviendas inicialmente protegidas se conviertan en vivienda pública y se mantengan en régimen de alquiler dentro del parque público.
IU ha lamentado que el PP continúe defendiendo la venta de las 400 viviendas protegidas de Navalips a precio de mercado. La formación señala que "la falta de comprensión lectora" o una posible intención de confundir a la opinión pública por parte de Bruno García, del PP, busca desviar la atención del modelo de vivienda basado en la venta a precio de renta libre que promueve su partido.
Desde IU se insiste en que el Plan de Reforma Interior, aprobado inicialmente y que incluye el máximo de vivienda protegida previsto en el PGOU, debería ser "explícito" en cuanto a su finalidad, garantizando que estas viviendas se destinen exclusivamente al alquiler público. La formación celebra que todas las fuerzas políticas, excepto el PP, compartan esta visión.
Además, IU apuesta por que los terrenos estatales se cedan a entidades como PROCASA o AVRA para su construcción, promoviendo así la colaboración entre administraciones para abordar el problema de la vivienda en Cádiz y a nivel nacional. La formación evalúa la posibilidad de presentar iniciativas y alegaciones que vinculen a las administraciones a este compromiso, inspirado en el modelo de la SEPES en otras ciudades, destacando la necesidad de un tratamiento coherente por parte del Gobierno de España en el marco del Plan Estatal de Vivienda.
IU Cádiz ciudad ha recordado que todas las promociones actuales y en ejecución se destinan al alquiler, respaldadas por subvenciones europeas, estatales y autonómicas gestionadas por el equipo anterior para fomentar el alquiler. Lamenta que el PP permanezca "solo y aislado" en un modelo de vivienda que incluye operaciones como la de Loreto-Puntales, en la que la Junta de Andalucía obtuvo más de 6 millones de euros tras la venta a una empresa, dejando las viviendas protegidas con precios similares a los de la renta libre.
Según IU, esta postura del PP contrasta con la necesidad de priorizar soluciones públicas para la vivienda, en beneficio de las familias en Cádiz.
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