Los presupuestos de la empresa municipal de vivienda PROCASA han sido aprobados en el Consejo de Administración de la entidad, con el voto en contra del grupo municipal socialista y de Adelante Izquierda Gaditana. Entre las medidas contempladas en estos presupuestos, destaca la venta de vivienda pública, una política que ha generado críticas por parte del PSOE de Cádiz capital.
El secretario general del PSOE en Cádiz capital y concejal socialista, José Ramón Ortega, ha afirmado que "el PP pretende que PROCASA siga actuando como una inmobiliaria, vendiendo viviendas públicas y haciendo que el Ayuntamiento pierda patrimonio". Según Ortega, la administración local debería priorizar la conservación del patrimonio inmobiliario municipal para ofrecerlo en régimen de alquiler a los vecinos.
Como ejemplo de esta estrategia, Ortega ha mencionado la operación inmobiliaria en la finca de San Juan Bosco. "El Ayuntamiento ha tenido la posibilidad de quedarse con diez viviendas de esta finca para incluirlas en su patrimonio y destinarlas al alquiler, por ejemplo, a jóvenes gaditanos que se van de nuestra ciudad al entorno de la Bahía por los altos precios de alquiler; pero el PP sigue prefiriendo la venta y deshacerse de estos inmuebles", ha señalado el edil.
El dirigente socialista ha instado al Partido Popular a actuar con "más prudencia" cuando hable de vivienda, advirtiendo que "el PP vuelve a repetir el modelo fallido de la venta directa". En este sentido, ha señalado que el alcalde de Cádiz, Bruno García, "va a continuar con las políticas de vivienda que expulsaron de la ciudad a más de 35.000 gaditanos". Ortega ha añadido que "no tiene sentido proceder de la misma manera que en tiempos de Teófila, pero parece que esta es la tónica del PP: deshacerse de vivienda pública a toda costa".
Finalmente, el secretario general del PSOE en Cádiz ha destacado que "la única política de vivienda en nuestra ciudad se está llevando a cabo gracias a los fondos del Gobierno de España y a los fondos europeos". Asimismo, ha criticado la "nula gestión" de la Junta de Andalucía, mencionando el retraso en la entrega del bono de alquiler joven, la ausencia de viviendas sociales financiadas por la Junta en Cádiz en los últimos cinco años y la negativa del alcalde a exigir al gobierno andaluz la aplicación de la ley estatal de vivienda, que permitiría la regulación del precio del alquiler.
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