Izquierda Unida Cádiz ciudad ha trasladado a la Oficina Antifraude un posible conflicto de intereses relacionado con la venta de los aprovechamientos municipales del solar de Casitas Bajas, que se gestionará a través de la empresa municipal PROCASA. La formación de izquierdas argumenta que esta operación podría beneficiar a una promotora que forma parte de un grupo empresarial vinculado al marido de la concejala de Vivienda, quien además ostenta la presidencia de PROCASA.
IU ha señalado su intención de mantener una vigilancia activa en los procesos de venta de suelo público que afectan a los vecinos de Cádiz, mencionando otras áreas como Náutica y Campo de las Balas. Según la formación, este tipo de situaciones reflejan lo que consideran la “Marca PP”, una práctica que, afirman, se repite en distintos puntos de Andalucía. En este sentido, IU a nivel andaluz ha denunciado la concesión de subvenciones y proyectos a entidades privadas supuestamente vinculadas a la derecha, calificándolas de “dudosas”.
La organización ha solicitado al alcalde de Cádiz, Bruno García, que ofrezca explicaciones sobre este asunto en el próximo Pleno Extraordinario de Vivienda y que adopte medidas inmediatas. IU considera insostenible que las políticas de vivienda de la ciudad estén dirigidas por una persona que describen como un “delfín” de las promotoras privadas. Asimismo, exigen que el alcalde garantice que ningún miembro de su Gobierno pueda influir en decisiones que puedan derivar en la venta de suelo público en beneficio de intereses privados vinculados familiarmente a la presidenta de PROCASA, quien establece y aprueba las condiciones del pliego de venta.
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