El secretario general del PP de Cádiz, Antonio Saldaña, ha afirmado que el nuevo Registro Civil, a raíz de la reforma que plantea el Gobierno de la nación, será "electrónico, público y gratuito" y niega que ello suponga la pérdida de empleo público.
El dirigente popular ha querido aclarar algunos términos de la reforma ante las "manifestaciones contaminadas y malas interpretaciones" de la misma que "sólo hacen confundir a la opinión pública".
Saldaña explica que el proyecto del Ministerio de Justicia "consiste en desjudicializar el Registro Civil" ante los niveles de saturación del mismo y la "insatisfacción" de los usuarios. El planteamiento es "encomendar su gestión a los registradores de la propiedad y mercantiles", lo que permitirá desarrollar una "plataforma electrónica que pondrá en marcha el Colegio de Registradores, lo que favorecerá la tramitación electrónica de muchas gestiones cotidianas".
El dirigente popular aclara que la desjudicialización del Registro "no supondrá ninguna privatización del servicio público", ya que –explica- "su gestión se encomendará a los registradores, que también son funcionarios públicos".
Asimismo, incide en que "se mantendrá, en todo caso, la gratuidad para el ciudadano y la titularidad estatal de los datos registrales", insistiendo en que "todos los trámites del Registro Civil que hasta ahora eran gratuitos para el ciudadano, lo van a seguir siendo". "El nuevo Registro Civil será electrónico, público y gratuito", reitera.
El secretario general del PP de Cádiz apunta además que "el cambio de gestión del Registro Civil no conllevará ninguna reducción de empleo público". En este sentido, argumenta que "los jueces, secretarios judiciales y funcionarios que actualmente se dedican en exclusiva o de forma compartida a prestar este servicio pasarán a realizar su actividad en el ámbito de la función jurisdiccional", lo que supondrá un "refuerzo y mayor agilidad" de la Administración de Justicia.
Saldaña insiste en que la dedicación de este personal a la función judicial "supondrán agilizar la tramitación y resolución de asuntos judiciales, al incrementarse las dotaciones actuales", ya que "contar con más medios personales conllevará una reducción de los tiempos de espera".
Por último, el secretario popular señala que esta modernización del registro Civil se ha planteado "en la línea marcada por la Ley 20/2011, de 21 de julio, que fue aprobada por el anterior Gobierno con apoyo de todos los grupos parlamentarios".
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