La Comisión Ejecutiva Provincial del Sindicato Unificado de Policía en Cádiz ha respondido a la nota publicada por la plataforma AcTúa Familia, con el fin de zanjar la polémica surgida por la intervención policial que tuvo lugar en la Parroquia San Servando y San Germán de la capital gaditana el pasado 3 de abril.
Así, el SUP indica -en una carta remitida por la propia AcTúa Familia- que "la actuación policial no fue arbitraria, sino que estuvo en todo momento sujeto a un esmerado cumplimiento de la legislación en vigor, para proteger la salud y la seguridad de la ciudadanía en general, en relación con la situación de crisis sanitaria por la declaración del Estado de Alarma a causa de la pandemia creada por la extensión del coronavirus Covid-19, que tantas vidas humanas está destruyendo en presencia de sus familiares".
De igual modo, apuntan que la prórroga del etado de alarma "conlleva la entrada en vigor de medidas que limitaban la actividad económica a los sectores esenciales para el mantenimiento de los suministros básicos a la población y un endurecimiento del confinamiento por orden del Ministerio del Interior, sin excepciones".
Y toman como ejemplo las palabras del Cardenal Arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, el cual recomendó a la feligresía "que sigan las misas por televisión o por radio, evitando las aglomeraciones por el peligro de contagio".
De igual modo lamentan la publicación del nombre del subinspector, recogido en la nota de prensa remitida por AcTúa Familia y piden que se proceda a la eliminación de sus datos, así como que se retracten públicamente por divulgarlos.
Y por último "como personas de bien que somos", proceden a presentar "las disculpas necesarias con objeto de reparar el posible daño moral que produjo la intervención policial a la comunidad religiosa allí presente. Pero, como se dice en la parte expositiva, se actuó de forma escrupulosa respetando la normativa excepcional vigente".
AcTúa Familia, a través de su portavoz Pedro Mejías, agradece el gesto pero ha vuelto a recordar que "en este caso, los pocos feligreses estaban manteniendo el distanciamiento social necesario y por tanto se estaban respetando las medidas de seguridad; irrumpir en una iglesia fue una extralimitación policial en contra de lo dispuesto en el decreto del estado de alarma y en contra de la libertad religiosa consagrada en nuestra Constitución" y añade que "este sindicato se debe informar jurídicamente mejor sobre el Real Decreto y así mismo debe dejar de utilizar al presidente de la Conferencia Episcopal para dirigir a los ciudadanos en sus decisiones, cosa que no le corresponde en ningún modo a la Policía"
Concluye Pedro Mejías alegando que "son los responsables políticos del gobierno, y no un sindicato policial, los que principalmente deberían pedir disculpas por estas actuaciones, antes de que prosperen las querellas interpuestas por Abogados Cristianos, a las que nos hemos adherido. Está fuera de toda duda que a los policías siempre los hemos apoyado como parte esencial de España, así también en sus justas reivindicaciones corporativas; son un orgullo para nosotros".
La plataforma ya ha rectificado la nota de prensa inicial, remitiendo una nueva con el nombre de subinspector suprimido, algo que en el momento de la publicación de esta noticia no había ocurrido en algún los perfiles de redes sociales de AcTúa Familia.
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