El colectivo de Autónomos Unidos de Cádiz tenía previsto realizar una concentración el próximo 21 de mayo por las calles de Cádiz, realizando un recorrido en vehículos privados, con el objeto de visibilizar la situación crítica provocada por la crisis económica y sanitaria en los autónomos de la provincia.
En su solicitud a la Subdelegación del Gobierno, los Autónomos Unidos de Cádiz especificaban que la marcha se realizaría así para "evitar contactos y así respetar las medidas sanitarias de la mejor manera posible".
Finalmente, según la resolución a la que ha tenido acceso Portal de Cádiz, la Subdelegación del Gobierno en Cádiz "acuerda prohibir" la manifestación.
Esta decisión se basa en los informes emitidos por la Policía Nacional, Policía Local y Abogacía del Estado.
La Policía Nacional se pronunció el 12 de mayo para hacer constar que "se participa que motivos de salud pública durante el periodo de contención reforzada a causa del virus COVID-19 se desaconseja que se lleve a cabo la misma".
La Policía Local por su parte informa que "desde el punto de vista del tráfico rodado no existe inconveniente, si bien significa el desvío de unidades policiales para mantener la caravana unida lo cual implicaría no poder realizar tareas de control impuestas por el actual Estado de Alarma", así como el impedimento del acceso de vehículos a la puerta del Ayuntamiento de Cádiz "por ser una zona excluida al tráfico rodado".
Y por último, la Abogacía del Estado se centra en los textos recogidos en el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma.
Por ello, la Subdelegación del Gobierno de Cádiz se apoya en que los manifestantes pueden tener contacto con terceras personas, "ya sea en los momentos de entrega de documentación en los organismos oficiales o entre los propios participantes. Que se utilizará megafonía, pancartas, banderolas, por lo que se realizará un despliegue de medios que nuevamente conllevará el contacto entre personas" y valoran que otros manifestantes se trasladen desde distintos puntos de la provincia "lo que facilitará la expansión del virus, más allá de un núcleo de población concreto", así como que "el recorrido previsto afecta a las principales arterias de circulación de la ciudad durante varias horas, lo que podría provocar, si el número de participantes fuera elevado, un colapso de la circulación que imposibilite el acceso de servicios esenciales y de emergencias a ciertos barrios de la ciudad. Lo que podría provocar riesgo para personas y bienes".
Al no haber previsto los promotores de la manifestación medidas de seguridad más específicas ni otras garantías, se ha denegado la autorización a la manifestación.
Recuerda la Subdelegación que "de conformidad con lo establecido en el artículo 37,1 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, se considera infracción la celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones, incumpliendo lo preceptuado en los artículos 4.2, 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión. A tales efectos, la responsabilidad recaerá sobre los organizadores o promotores, considerándose como tales a las personas físicas o jurídicas que hayan suscrito el correspondiente escrito de comunicación".
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