La AMPA de la Institución Provincial Gaditana ha emitido un comunicado en respuesta a la nota de prensa publicada este viernes 15 de mayo por la Diputación de Cádiz, en la que informa que se ve obligada a renunciar a la gestión del centro escolar al expirar el convenio de cesión del inmueble.
La nota íntegra es la siguiente:
En relación a la nota de prensa publicada en el día de ayer por Diputación sobre la reunión mantenida por esta AMPA y el diputado provincial Daniel Moreno, queremos manifestar:
1. No es cierto que dicha reunión obedezca a una voluntad de dialogar e informar al colectivo de padres y madres del centro.
Esta AMPA puede acreditar las solicitud, a través del registro al efecto, de reuniones con las personas responsables del área de Diputación y Delegación de Educación para abordar el futuro del centro desde 2018, fecha desde la que no tenemos ningún tipo de reunión ni información al respecto, ante la preocupación por los continuos rumores sobre el fin de ambos Convenios. Por un lado, el suscrito por Diputación con la Junta de Andalucía para la gestión del centro y, por otro lado, el suscrito por Diputación con la Fundación Aramburu Moreno de Mora. A tal efecto se puede consultar la noticia publicada en Diario de Cádiz con fecha 25 de septiembre de 2018 con el titular “La Institución pedirá a la Junta que aclare el futuro del colegio”.
2. No es cierto que Diputación venga realizando un importante esfuerzo en los últimos años acerca de la necesaria inversión para la mejora de las instalaciones del centro.
El inmueble se encuentra en la actualidad en un estado alarmante de abandono precisamente por la falta de inversión necesaria como queda demostrado en el informe escrito y fotográfico sacado a la luz pública por esta AMPA y la dirección del centro. El contenido de este informe así como algunas de las fotografías se pueden consultar en la noticia publicada por Diario de Cádiz con fecha 17 de Diciembre de 2019 titulada “Están dejando morir a nuestro colegio”.
3. No es cierto que en el convenio suscrito entre Diputación y la Fundación Aramburu Moreno de Mora se establezca como “fecha irremediable de extinción” el próximo 20 de octubre de 2020.
Resulta difícil de creer que en un convenio suscrito en 1963 se fije un día concreto del año 2020 como fecha de finalización del mismo. En varias ocasiones desde esta AMPA hemos consultado a los responsables del área sobre el contenido del convenio y siempre se nos ha informado de que el Convenio no estipulaba una fecha concreta de finalización. En este sentido a dicho convenio le sería de aplicación la disposición adicional octava de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público Ley 40/2015 que establece un periodo de validez de 4 años para todos los convenios establecidos entre administraciones públicas y entes privados o particulares sin fecha explícita de finalización. Dicha ley entró en vigor en octubre de 2016 y, por tanto, los 4 años concluyen en octubre de 2020.
Sólo caben dos opciones. La primera, que este hecho de la finalización del convenio, fuera conocido por parte de los servicios jurídicos de Diputación desde, al menos, octubre del año 2016, habiendo sido ocultado tanto a las madres y padres usuarios del centro como al personal laboral del mismo y constituye desde nuestro punto de vista una omisión intencionada y grave por parte de los responsables del área. La segunda, que no fuera conocido hasta el pasado mes de febrero, como mantuvo el diputado en la reunión con esta AMPA, nos parece de igual gravedad y negligencia por parte de los servicios jurídicos de Diputación.
4. No es cierto que por parte del diputado Daniel Moreno se nos haya trasladado al colectivo de madres y padres que se nos mantendrá informados sobre un nuevo acuerdo o sobre la reubicación de los niños y niñas.
Se nos ha informado en dos sentidos. El primero en que a partir de ahora es la Junta de Andalucía nuestra interlocutora y la que debe proporcionarnos una solución al respecto. El segundo en que no hay otra alternativa posible más que el cierre del centro y la reubicación de nuestras hijas e hijos en otros centros que tengan plazas disponibles.
5. Es contradictorio que por parte de la presidenta de Diputación, Irene García, ante este problema, se limite a remitir al Consejero un informe de la secretaría general enfocado a fundamentar jurídicamente la competencia educacional y traspasar el problema de 60 familias a otra administración, lavándose las manos, máxime cuando el problema ha sido originado por la mala y desidiosa gestión de la administración que preside.
Lo que no habría sido contradictorio habría sido que, en lugar de argumentar su incompetencia en materia de educación, se solicitara al Consejero que se cumpla con lo aprobado en el pleno de Diputación del pasado 19 de diciembre de 2019 respecto al apoyo al mantenimiento del colegio y a la construcción de un nuevo centro, tal y como se puede consultar en la noticia publicada por Diario de Cádiz con el titular “Adelante Cádiz lamenta que Diputación se conforme con una gestión digna de la Institución Provincial Gaditana”.
6. Es contradictorio a la vez que ilustrativo de la gestión de Diputación, comunicar estos hechos a las madres, padres y dirección del centro el día hábil anterior a la reapertura del periodo de matriculaciones, en pleno estado de alarma, de un asunto que, según el diputado Daniel Moreno, está sobre la mesa desde el pasado mes de febrero.
Esta situación con el actual estado de alarma no sólo no permite a las familias salir a la calle a manifestarse en ejercicio de sus derechos y libertades sino que añade una presión, estrés y daño moral a nuestras hijas e hijos que podemos calificar de inhumano. Estar confinados 60 días, adaptándose a un nuevo modelo de enseñanza a distancia, sin contacto con sus amigos y conocer en el día de ayer que no volverán a su colegio con sus compañeros de clase ha supuesto un durísimo golpe emocional que no olvidarán en su vida. Muchas madres y padres estamos seriamente preocupados por la doble adaptación psicológica que tendrán que enfrentar el próximo curso, una derivada del Covid y otra derivada de un cambio de centro, compañeros y profesorado.
Por todo lo anteriormente expuesto esta AMPA solicita que :
A. la Junta de Andalucía, como administración competente en materia de educación, alcance un acuerdo con la Fundación Aramburu Moreno de Mora, propietaria de los terrenos, para asegurar la continuidad del mismo y la subsistencia de suficientes plazas públicas en la zona , o bien, se comprometa por escrito a la construcción del nuevo centro al que ya se comprometió y que puede ser consultado en noticia publicada por Diario de Cádiz con fecha de 28 de septiembre de 2018 con el titular “La Junta también garantiza el futuro de la Institución”.
B. la inmediata dimisión del diputado provincial Daniel Moreno López por ocultar deliberadamente la fecha de finalización del convenio suscrito siendo conocedor de ella, provocando el cierre del centro por su pasividad y omisión, o del jefe de los servicio jurídicos de Diputación, en el caso de que no fueran conocedores de aquéllo que, por sus obligaciones y responsabilidades laborales, deberían conocer al menos desde la entrada en vigor de la Ley 40/2015 en octubre de 2016.
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