La Asociación Española de Abogados Cristianos, a la que se unió la plataforma profamilia y provida 'AcTúa Familia', ha recurrido el archivo por parte del Juzgado de Instrucción nº2 de Cádiz de la querella contra el alcalde de Cádiz, José María González por colgar de la fachada del Ayuntamiento la bandera LGTBI.
La organización de juristas acusa al mandatario de un delito de prevaricación y otro de desobediencia por tardar más de 72 horas en retirar la bandera pese a la orden judicial. Considera que el juzgado ha archivado la querella sin practicar ninguna diligencia.
En su escrito al juez, Abogados Cristianos recuerda que “en el momento de la retirada, tras tres días de dilaciones injustificadas, se realizó un homenaje público, con manifiesta repulsa a la sentencia del juzgado y desoyendo la orden judicial, lo que muestra el desprecio por las instituciones y las leyes del querellado, así como su plena intención de saltarse la legalidad”.
Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos, insiste en que “no se puede permitir que un político utilice las instituciones como su chiringuito ideológico, colocando banderas que sólo representan a una parte de la ciudadanía y saltándose la ley”. Pide que “los responsables de las administraciones públicas que incumplen a sabiendas la ley sean inhabilitados”. Indica además que "las banderas no oficiales no deben estar en los edificios públicos y así lo ha sentenciado claramente el Tribunal Supremo".
Por su parte, Pedro Mejías, coordinador general de 'AcTúa Familia', ha comentado que “cuando un alcalde pone en la fachada del Ayuntamiento una bandera, que la ley no permite, este Alcalde está prevaricando, o cuando un fiscal no actúa de oficio ante un delito manifiesto, está prevaricando. También cuando unos jueces no admiten a trámite una denuncia por una prevaricación, están a su vez prevaricando. Y todo esto se hace porque sale gratis: nadie dimite, a nadie se le piden responsabilidades, y la ley se puede tergiversar. Los símbolos nacionales se los puede menospreciar, las instituciones pueden ser maltratadas; y no pasa nada.
Insistió en que “además, a los que defendemos la legalidad se nos llama ‘fachas’, pero eso, precisamente, son todos aquellos que pretenden acabar con cualquier voz discrepante, imponiendo su doctrina de pensamiento único antisistema”.
Para concluir que “el alcalde no puede estar impune cada vez que se salta la ley, porque lo hace muy a menudo, como todo el mundo en Cádiz sabe. La última vez, cuando se le pilló sin mascarilla y poniendo en peligro la salud de todos junto a otros miembros de su equipo, en un bar del Casco Antiguo, durante los días de Navidad”.
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