La primera de las mociones presentadas por el Grupo Municipal Popular en el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz de este mes de enero, relativa a instar a la Junta de Andalucía a iniciar el expediente para la descatalogación del edificio de la Aduana, una propuesta que ha sido aprobada por unanimidad.
La propuesta popular contaba con un segundo punto de acuerdo en el que se pide que "una vez conseguida la descatalogación del edificio, el Ayuntamiento de Cádiz, en base a su papel de actor principal recogido en el nuevo convenio Plaza de Sevilla firmado con ADIF en 2020 promueva las acciones necesarias para el derribo de la Aduana a la mayor brevedad posible".
El presidente del GMPP, Juancho Ortiz, ha recordado que "el derribo de la Aduana no solo fue aprobado en 2008 en un ejercicio legítimo de ordenación urbanística del Ayuntamiento, sino informado y apoyado por la Junta de Andalucia”, añadiendo que "ya es hora de que algunos reconozcan que la catalogación y protección de la Aduana se debió, simplemente, a una maniobra política del PSOE que quiso paralizar el desarrollo urbanístico de una zona que se estaba transformando radicalmente y que reflejaba a la perfección un modelo de ciudad del PP que era ampliamente apoyado por los gaditanos cada vez que iban a las urnas".
Juancho Ortiz concluyó recordando que el derribo del edificio de la Aduana era un elemento esencial en en anterior convenio Plaza de Sevilla de 2008, contemplado mediante modificación puntual aprobada por la Junta en el último PGOU en vigor. “Al avance sustancial que supusieron el soterramiento de la vía férrea -con la consiguiente nueva estación término-, y la construcción del Puente de la Constitución de 1812, debía sucederle en el tiempo esta operación que debe incluirse en el nuevo convenio firmado el año pasado…. No solo se ganaba un espacio público, sino que se despejaba de edificios -en aquel momento no catalogados de ningún modo- una gran plaza de distribución de flujos de transporte. Su inclusión, repito, en septiembre de 2009 en el Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz en base a dos informes técnicos externos, y en contra de la resolución y los informes de la propia administración autonómica se debió solo a una maniobra política del PSOE”.
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