La Junta de Gobierno local ha aprobado hoy las alegaciones que la Delegación de Asuntos Sociales y del Mayor presentará al proyecto de orden que regula el servicio de Ayuda a Domicilio.
“Somos conscientes de la necesidad de reformular esta orden dado el crecimiento del número de personas beneficiarias y de la complejidad del servicio, además de la necesidad de mejorar las condiciones laborales del personal profesional, entre ellas, la mejora salaria con la actualización precio/hora de la financiación por parte de la Junta de Andalucía”, ha manifestado la concejala y portavoz del Equipo de Gobierno, Ana Fernández.
Asimismo, ha incidido en que el servicio de Ayuda a domicilio no sólo es un servicio de atención directa, sino que además es una herramienta en los procesos de intervención, sobre todo en determinados perfiles como puede ser el de personas con síndrome de Diógenes, personas con enfermedad mental, o familias en contexto de ayuda o control.
“Estamos obligados a presentar alegaciones porque el borrador de la Junta de Andalucía sigue dejando muchos conceptos técnicos a la libre interpretación, lo que se traduce en inseguridad jurídica para el propio personal y genera diferencias en el tipo de servicios que puede recibir una persona usuaria”.
Además, pone de manifiesto que existe una “desprotección en la garantía de la atención por la insuficiencia del número de horas prescritas”.
En cuanto a la financiación, “lo que se ha hecho es subir un triste 1,60 euros a un servicio que lleva igual diez años a pesar de que se han encarecido los costes de gestión entre los que se encuentra formación, ayudas técnicas, epis, gastos de coordinación, etcétera”. “Es por ello –añade- que toda la responsabilidad se deposita en los ayuntamientos que ya de por sí estamos haciéndonos cargo de la crisis socioeconómica generada por la pandemia”. Y también señala que “no aumenta la financiación para el proveniente del Plan Concertado que también se plasma en la Ley de Servicios Sociales como prestación garantizada y que, en el caso concreto del Ayuntamiento de Cádiz, supone el 40% de las personas beneficiarias, por las especiales características sociodemográficas y socioeconómicas de nuestra ciudad”.
Por todo ello se va a presentar una serie de alegaciones, y la portavoz del Equipo de Gobierno ha expresado su deseo de que “se abra de verdad un espacio de diálogo, como así se ha solicitado desde la FAMP, para poder dignificar el servicio y a sus profesionales, además de garantizar la calidad del mismo”.
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