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El parlamentario andaluz José Ignacio García ha pedido hoy al Gobierno andaluz que cese en sus cargos de presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) y de director provincial de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) a Teófila Martínez e Ignacio Romaní, respectivamente, tras la nueva sentencia absolutoria del Tribunal Supremo al alcalde de Cádiz, José María González, interpuesta por ambos por el caso del agua contaminada en el barrio de Loreto. 

Para García, “el nuevo varapalo político y judicial del PP en la provincia de Cádiz con este fallo judicial del TS a favor del alcalde de Cádiz, tiene que tener sus consecuencias”, en especial, “porque tanto Teófila Martínez como Ignacio Romaní, han estado utilizando esta denuncia y la visibilidad que les da tener unos cargos en la Junta de Andalucía, para atacar constantemente al Ayuntamiento de Cádiz y al alcalde de Cádiz y, lo que es más grave, para faltarle el respeto a los vecinos y vecinas de la barriada de Loreto que sufrieron una situación tremendamente grave al consumir agua en mal estado”.

El parlamentario andaluz recordó que ya el alcalde fue absuelto en Primera Instancia, junto al exconcejal Lolo González Bauza y el jefe de Gabinete, José Vicente Barcia, y que tras un recurso del PP en la Audiencia Provincial que le condenaba, el Tribunal Supremo revoca ahora esta decisión y por unanimidad. “Esta vez les ha salido mal y ha quedado demostrado que, durante estos años, no han hecho más que el ridículo en una campaña de acoso y derribo contra el alcalde y su equipo de Gobierno, que han tumbado ya catorce sentencias, algo inaudito y que no pasa en ninguna otra administración”. Para García “está claro que deberían asumir ya que perdieron la Alcaldía de Cádiz, que el pueblo quería un cambio y que tienen que dejar de utilizar sus cargos públicos para atacar al equipo de Gobierno gaditano”. 

Es por ello que el diputado ha insistido al Gobierno andaluz en el cese inmediato a Martínez y Romaní de sus cargos institucionales y, en paralelo, ha anunciado que llevará el caso al Parlamento de Andalucía para que “den explicaciones sobre el uso de las instituciones  y de la justicia de ambos para desprestigiar al alcalde de Cádiz y la gestión de su Gobierno”.

 


 

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