La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha expresado su satisfacción tras la reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en relación con la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para limitar la turistificación en Cádiz. Dicha modificación, aprobada por el Ayuntamiento de Cádiz, busca evitar la excesiva proliferación de viviendas de uso turístico en la ciudad.
"La paralización hubiera supuesto volver a la jungla de la proliferación de viviendas para uso turístico en nuestra ciudad", expresó la APDHA. La asociación agregó que las modificaciones del PGOU aprobadas por el pleno municipal "permiten un cierto control especialmente en las zonas tensionadas de la ciudad".
La organización también destacó la necesidad de controlar el creciente número de viviendas turísticas en Cádiz, en medio de lo que describió como una "situación de Emergencia Habitacional". "Vivimos en esta ciudad una situación de Emergencia Habitacional en la que la vivienda se ha convertido desde hace tiempo en uno de los grandes problemas... lo que está ocasionando que cada vez haya menos viviendas en alquiler para la población residente y las que hay sean cada vez más caras e inalcanzables para la mayoría de las familias".
Además, la APDHA expresó su preocupación por la "invasión turística descontrolada" que, según ella, está transformando la ciudad, en especial el casco histórico, en una "especie de parque de atracciones". Asegura que esta situación está llevando a la expulsión de muchas familias hacia otras ciudades de la Bahía y al despoblamiento de Cádiz.
El auto del TSJA rechaza el intento de la Junta para paralizar cualquier regulación del fenómeno de la turistificación en Cádiz en beneficio de intereses privados, empresas promotoras y fondos financieros. “La modificación del plan general aprobada por el Ayuntamiento atiende a intereses públicos”, “la razón esencial es la situación de saturación de alojamientos turísticos, lo que conlleva preservar el caso histórico y el entorno urbano, y ello, debe considerarse como razones imperiosas de interés general”, “no se entiende que la Administración municipal infrinja normativa alguna, más bien ha de entenderse que las alegaciones de suspensión no son procedentes”, explica el auto.
Por último, la APDHA ha reiterado su llamamiento al futuro gobierno municipal que surja de las elecciones del 28 de mayo para que "se comprometa verdaderamente con el derecho a la vivienda, en limitar la proliferación del uso turístico de la misma y potenciando una ciudad amable y habitable para sus residentes".
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