José Blas Fernández Sánchez, presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, ha expresado su malestar y ha solicitado explicaciones a la Junta de Andalucía, tras el anuncio del consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, sobre el nuevo retraso en la construcción de la Ciudad de la Justicia en Cádiz.
José Blas Fernández señaló que el proyecto “cumplirá las Bodas de Plata sin que la Junta de Andalucía, consejero tras consejero, haya puesto, no ya la primera piedra, sino tramitado el proyecto constructivo”. El anuncio del consejero José Antonio Nieto apunta ahora al año 2025 como la nueva fecha de inicio de las obras para el complejo judicial de la ciudad.
Fernández, quien también fue concejal del Partido Popular del Ayuntamiento de Cádiz, el mismo que actualmente gobierna la Junta de Andalucía, subrayó la gravedad de los constantes aplazamientos. “Es difícil explicar a nuestros más de 700 colegiados que tenemos que volver a retrasar la fecha del inicio de este proyecto, fundamental para que los justiciables, la sociedad en definitiva, pueda contar con unas instalaciones y una justicia dignas”, declaró.
Este proyecto se presentó por primera vez hace 22 años por la Junta de Andalucía, con la intención de construir un ambicioso complejo de edificios en los terrenos de la antigua Institución Provincial Gaditana. Desde entonces, los avances han sido escasos y han estado rodeados de controversia. A pesar de un cambio en la ubicación del proyecto en 2014 y de una asignación presupuestaria en 2020 para redactar el plan de obra, aún no se ha dado el primer paso efectivo para su construcción.
La última actualización del proyecto tuvo lugar en noviembre del pasado año, cuando el pleno del Ayuntamiento aprobó una propuesta de aclaración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permitía hacer viable el proyecto de construcción. Sin embargo, nuevamente, los ciudadanos y operadores jurídicos de Cádiz se encuentran con otra dilación.
José Blas Fernández añadió: “Juzgados repartidos, en su mayor parte en régimen de alquiler, entre el Estadio Ramón de Carranza, la Plaza de los Balbos, la Audiencia Provincial y otros emplazamientos. Ineficiencia y costes que, parecía, tenían fecha de caducidad con el flamante proyecto de los terrenos ubicados en Tolosa Latour y que ahora vuelven a posponerse”.
El presidente del Colegio de Graduados Sociales ha solicitado una reunión con la delegada territorial de Justicia, Ana María Bertón, para esclarecer los motivos de este nuevo aplazamiento y buscar soluciones a este atasco institucional que afecta a la ciudadanía y a los operadores judiciales en la región.
Cabe recordar que la Justicia es uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho, y en Cádiz, según denuncian los expertos, la situación actual es insostenible e indigna, con sedes judiciales dispersas y en malas condiciones. Este nuevo retraso pone de relieve las dificultades que enfrentan tanto ciudadanos como profesionales para acceder a una justicia ágil y eficaz.
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