El cierre del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Adolfo de Castro ha provocado una reacción contundente por parte del sindicato USTEA, que ha expresado su preocupación por lo que considera una muestra de "dejadez de los servicios públicos" por parte de la actual Junta de Andalucía, dirigida por el Partido Popular. Según el sindicato, este hecho no solo representa una vulneración de los derechos de la ciudadanía, sino que también evidencia una preferencia por los centros privados concertados en detrimento de la escuela pública.
USTEA ha manifestado en su comunicado que "El cierre del colegio vulnera los derechos de la ciudadanía. Esa cacareada libertad de elección en la que se escudan dichos políticos y sus seguidores para mantener subvenciones y líneas a los centros privados con los que amaña concierto de unidades, se pierde en la escuela pública". Esta situación obligaría a las futuras generaciones de Puntales y Cerro del Moro a recorrer más de dos kilómetros para acceder a la educación pública, o a resignarse a la educación privada concertada, con todo lo que ello conlleva.
La crítica de USTEA no se limita al cierre de este colegio, sino que se extiende a la gestión general de la educación pública por parte de la Junta de Andalucía. El sindicato acusa al gobierno de Moreno Bonilla de favorecer a las empresas privadas de educación concertada mediante la asignación de grandes partidas de dinero público, mientras se recortan recursos y se reducen plazas en la educación pública. "La pujanza de favores hacia la privada concertada va en detrimento de la pública", asegura el comunicado, denunciando también la política de ratios y la falta de ajustes para alumnos con necesidades especiales.
Como consecuencia de estas políticas, USTEA solicita "la anulación de los conciertos con empresas religiosas privadas" y el mantenimiento de todas las plazas públicas para el próximo curso en todos los centros educativos de Cádiz, argumentando que la calidad de los centros públicos y la situación demográfica actual lo permiten. Esta demanda subraya la necesidad de preservar una educación pública laica y de calidad, en línea con el amparo constitucional y el legado de generaciones pasadas que lucharon por estos principios.
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