La Guardia Civil de Cádiz, a través del Equipo de Investigación del SEPRONA del Puerto de Santa María, ha llevado a cabo una intervención en la que se ha investigado a dos mariscadores furtivos y se han incautado 45,55 kilos de ortiguillas (anémona sulcata) en la zona del Puerto Deportivo de Chipiona.
Los hechos se produjeron hace varios días cuando los agentes sorprendieron a los responsables descargando dos capachos repletos de ortiguillas vivas, que fueron inmediatamente devueltas a su hábitat natural por los guardias civiles tras comprobar su posibilidad de supervivencia. A los investigados se les atribuye un delito contra la flora y la fauna por marisqueo relevante, debido a la captura ilegal y su comercialización sin control sanitario, lo que supone un riesgo tanto para la salud pública como para la conservación de las especies en la costa gaditana.
Los mariscadores, que utilizaban una pequeña embarcación de recreo, fueron identificados tras finalizar una inmersión de buceo con botellas de aire comprimido. Al inspeccionar el contenido de los capachos, los agentes constataron que se trataba de ortiguillas capturadas ilegalmente, con un peso total de 45,55 kilos, equivalentes a más de 1.500 ejemplares.
El objetivo de este decomiso es doble: combatir el furtivismo que afecta gravemente al ecosistema marino y evitar que estos productos lleguen al consumo humano sin pasar los controles sanitarios establecidos, lo cual podría exponer a los consumidores a toxinas presentes en estas especies.
Durante este año, la Guardia Civil ha realizado numerosas inspecciones a establecimientos de venta y transformación de productos de pesca relacionados con las ortiguillas, para verificar su procedencia y trazabilidad. Entre 2022 y 2024, se detectó la comercialización de 1.971 kilos de ortiguillas en la provincia de Cádiz, de los cuales más de 1.500 kilos carecían de documentación de compra legal, siendo denunciados a las autoridades correspondientes.
Las asociaciones de mariscadores de Cádiz valoran positivamente estas actuaciones, ya que el furtivismo repercute negativamente en quienes realizan la actividad de forma legal, sujetos a cupos de captura y obligaciones fiscales.