El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha dictado sentencia que desestima la demanda interpuesta por el fondo 'buitre' LC Asset, S.A.R.L., contra una pareja de residentes en la ciudad a quienes reclamaba 43.950 euros, además de intereses y costas. La reclamación se basaba en un préstamo impagado adquirido previamente por el fondo al Banco Cetelem.
Según se detalla, "LC ASSET es uno de los Fondos 'buitre' más activos, de origen luxemburgués pero con grandes intereses en España, donde gestiona carteras de deudas impagadas por valor de varios miles de millones de euros". Este fondo había adquirido en 2018 una cartera de deudas fallidas de Banco Cetelem, incluyendo la de los demandados, quienes dejaron de pagar en 2013 debido a su "precaria situación económica".
El fondo presentó una demanda tras no poder cobrar la deuda por la vía amistosa, iniciando un juicio monitorio que, tras la oposición de los demandados, se convirtió en juicio ordinario. Durante el proceso, LC Asset argumentó que notificó la adquisición de la deuda mediante cartas ordinarias enviadas a los demandados, pero el juzgado desestimó esta alegación, ya que dichas cartas no fueron recibidas por un cambio de domicilio de los afectados.
Los demandados contaron con la defensa del bufete especializado en asuntos bancarios y financieros 'AbogadosBancarios.es', con sede en Los Barrios, Cádiz. El abogado Francisco de Paula Díaz Mateos, director del bufete, lideró la defensa de la pareja y demostró que la deuda estaba prescrita, según el nuevo plazo de cinco años establecido por el Código Civil en su reforma de 2015. "En todo el tiempo transcurrido desde que se dejó de pagar hasta que se interpuso la demanda, habían transcurrido más de cinco años, sin que se hubiera reclamado fehacientemente", explicó el letrado.
La sentencia absolvió a los demandados de cualquier obligación de pago y condenó a LC Asset a asumir las costas del juicio. El fallo reafirmó que la reclamación había sido presentada fuera del plazo legal.
'AbogadosBancarios.es', que opera en toda España desde su sede en Cádiz, cuenta con quince años de experiencia defendiendo a consumidores y usuarios frente a entidades bancarias y fondos de inversión.