La Junta de Andalucía ha procedido a la eliminación de más de una centena de clases en los centros educativos públicos de la provincia de Cádiz, según ha denunciado el sindicato de docentes USTEA Cádiz. Esta medida ha resultado en la reducción de casi 500 clases en los niveles de Infantil y Primaria en toda Andalucía, en comparación con el curso anterior. Desde la asunción de Moreno Bonilla al poder, la red de centros públicos ha experimentado una pérdida de cerca de 2000 unidades escolares. En contraste, la educación concertada ha mantenido su oferta educativa sin cambios, y el presupuesto destinado a conciertos para el año 2024 ha superado los 1.000 millones de euros, un hecho sin precedentes.
USTEA, el sindicato de trabajadores de la enseñanza, ha expresado su preocupación frente a esta situación, solicitando la protección de la educación pública, la restitución de las unidades escolares eliminadas y una reducción de la ratio en colegios e institutos. La provincia de Cádiz es la segunda más afectada por estas supresiones en Andalucía, con especial impacto en Jerez, San Fernando y la capital, Cádiz. En particular, el CEIP San José Obrero en Jerez se verá reducido a una única línea en infantil de 3 años, mientras que en Cádiz capital, la "fusión" ha llevado al cierre del CEIP Adolfo de Castro.
La Orden de 30 de noviembre de 2023, publicada en el BOJA el 7 de diciembre, detalla las supresiones y creaciones de aulas en las localidades más pobladas de la provincia, evidenciando un balance negativo en la mayoría de ellas. Además, los institutos públicos no escapan a esta tendencia, perdiendo líneas en el primer curso de la ESO en San Fernando, lo que anticipa futuras aulas vacías en estos centros.
USTEA Cádiz ha calificado estas acciones como un "ERTE público encubierto", afectando principalmente al personal interino y limitando la movilidad del personal de carrera. La justificación de la Consejería para estas eliminaciones, basada en el descenso de la natalidad, es vista con escepticismo por el sindicato, especialmente al observar que la enseñanza concertada no ha experimentado ajustes similares.
El sindicato interpreta esta situación como una clara inclinación política hacia un modelo educativo que favorece la enseñanza concertada, en detrimento de la educación pública. Ante este panorama, USTEA insiste en su llamamiento a proteger la educación pública, restaurar las unidades suprimidas, aumentar las plantillas docentes y disminuir las ratios, como contraposición a la reducción de la red pública educativa en Andalucía.
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