Izquierda Unida llevará al Pleno de la Diputación de Cádiz una proposición en la que solicita a la Junta de Andalucía que transfiera a los ayuntamientos los fondos recaudados por el impuesto sobre residuos, en el marco de la aplicación de la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular. El diputado provincial de IU Cádiz, Ramón Galán, destaca la importancia de que las entidades locales dispongan de recursos económicos suficientes para afrontar las inversiones necesarias impuestas por la ley.
La moción reclama que se reviertan a los ayuntamientos las cantidades obtenidas a través del "Impuesto del depósito de residuos en vertederos, la incineración y la concienciación de residuos", estableciendo que estos fondos se destinen exclusivamente a planes y medidas que mejoren la gestión de residuos. Además, Galán enfatiza que las entidades locales deben ser las principales receptoras de estos fondos, considerando que son las responsables de implementar las acciones requeridas por la legislación.
Paralelamente, la proposición urge a la Junta a crear un programa de ayudas financiado por los Fondos Next Generation, destinado a apoyar a los municipios en la implementación de nuevos sistemas de recogida selectiva de residuos. Este apoyo se considera crucial, especialmente para aquellos municipios con mayores limitaciones económicas o de tamaño.
La iniciativa también incluye una solicitud de colaboración entre la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y la Junta de Andalucía para ofrecer asesoramiento sobre la correcta aplicación de las tasas de residuos municipales. Galán subraya la necesidad de que los ayuntamientos reciban la orientación adecuada para cumplir con la normativa de manera eficaz.
La propuesta destaca algunas acciones que los municipios deberán llevar a cabo para cumplir con la ley, como la reducción de la cantidad de residuos generados, el fomento del reciclaje y la reutilización, y la implementación de una recogida separada de residuos. Además, se señala la necesidad de que los ayuntamientos elaboren programas de gestión de residuos, adapten sus ordenanzas y contratos públicos, y se aseguren de cumplir con los requerimientos de información y transparencia.
La propuesta de Izquierda Unida representa un esfuerzo por asegurar que los municipios tengan los recursos necesarios para adaptarse a los desafíos que plantea la transición hacia una economía más circular y sostenible, haciendo hincapié en la importancia de que los fondos recaudados se utilicen de manera efectiva en la mejora de la gestión de residuos a nivel local.
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