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El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha tomado la iniciativa de presentar una moción en la Diputación de Cádiz en apoyo a los guardas de coto de caza, cuya labor se ve amenazada por un reciente decreto de simplificación administrativa implementado por el Gobierno andaluz. Este colectivo, que agrupa a casi 800 individuos en la provincia y ha estado activo desde 2003, enfrenta desafíos significativos debido a las nuevas regulaciones que podrían comprometer su continuidad.

Durante una reunión con Santiago Honrubia, representante de la Federación Andaluza de Caza, los diputados provinciales Javier Pizarro y Mari Loli Varo, junto con Javier Rodríguez, presidente de la Mancomunidad de La Janda, expresaron su preocupación y apoyo a estos profesionales. Según Pizarro, el decreto aprobado por el gobierno de Juanma Moreno "ha supuesto un jarro de agua fría" para los 9.600 habilitados en Andalucía, impactando directamente a los 800 de Cádiz.

Honrubia destacó la importancia de la labor de los guardas, quienes participan activamente en la ejecución de planes técnicos de caza, mantenimiento de los cotos, y otras tareas vitales para la preservación del medio ambiente. El decreto de simplificación, según los participantes en la reunión, podría condenar a muchos guardas a la desaparición si no logran obtener la nueva titulación exigida por la normativa reciente, una tarea considerada casi imposible para la mayoría.

El cambio de normativa ha generado inquietud también entre los cazadores, especialmente en cotos sociales federados de pequeños municipios, que podrían no ser capaces de asumir los costos que implica la nueva regulación. Esta situación podría dejar a muchos cotos sin los servicios esenciales de los guardas, afectando tanto a la actividad cinegética como al cuidado del entorno natural.

Pizarro y Varo se han comprometido a abogar por la continuidad de los guardas de coto de caza, tal como se establecía en el decreto de 2003, mientras que Rodríguez buscará impulsar iniciativas similares en el Ayuntamiento de Barbate. La unión de estos esfuerzos refleja la determinación de los representantes políticos y de la comunidad de caza para preservar una función que consideran crucial para el equilibrio ecológico y la tradición cinegética.

 


 

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