A continuación reproducimos íntegramente el comunicado de TONIZA - Ecologistas en Acción:
Cuando se aprobó la Ley 7/2021 de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA), que confirmaba la apertura legal a la regularización de más de 300.000 viviendas que habían sido construidas ilegalmente en Andalucía, tanto el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno (PP), como la entonces consejera de Ordenación del Territorio, María Francisca Carazo (PP) -actual alcaldesa de Granada-, advirtieron que se acabaron las construcciones y las parcelaciones ilegales en nuestra Comunidad. La LISTA mantuvo sustancialmente la prohibición general de toda parcelación urbanística en suelo rústico.
Todas las leyes del suelo, estatales o autonómicas, han intentado poner coto a las prácticas corruptas de especuladores inmobiliarios y operadores jurídicos desalmados (entre los que se han encontrado también notarios y registradores) que, ante cada nuevo avance legal, sorteaban fraudulentamente las normas con objeto de seguir parcelando ilegalmente y así amasar dinero, incluso, a costa de los intereses generales de toda la población.
Cómo actúan los notarios de Chiclana
La semana pasada tuvo lugar una nueva operación notarial de parcelación ilegal, una práctica tristemente habitual para los tres notarios y la notaria de Chiclana. Ellos autorizan masivamente escrituras en las que se transmiten nuevas participaciones indivisas fruto de la división ideal de una finca en suelo rústico. Estas ventas (art. 91.2 de la LISTA), actos reveladores de una posible parcelación urbanística, deberían contar con la correspondiente licencia urbanística municipal. Así lo exige con claridad la normativa y la aplica la mayoría de notarios de Andalucía. Dice el art. 91.4 de la LISTA: «No podrá autorizarse ni inscribirse escritura pública alguna en la que se contenga acto de parcelación, segregación o división sin la aportación de la preceptiva licencia …, que los titulares de las Notarías deberán testimoniar en la escritura correspondiente».
Este precepto legal ordena a los notarios que, en los supuestos a los que nos referimos, no autoricen ni una sola escritura sin que los intervinientes dispongan de la licencia municipal y que se dé testimonio de la licencia urbanística en la escritura. Se trata de un control preventivo de carácter urbanístico cuya finalidad es garantizar la seguridad jurídica de las escrituras que autoricen los notarios. TONIZA-Ecologistas en Acción de Chiclana advierte que, sin este control preventivo, los notarios están actuando en fraude de Ley (art. 6.4 del Código Civil) porque están autorizando actos que son nulos de pleno derecho. Ésta es la razón por la que la aplastante mayoría de notarios de Andalucía no actúa irresponsablemente como los cuatro notarios de Chiclana.
Si aplicaran la Ley, es decir, si pidieran a los compradores que aportaran la licencia, dejarían de autorizar la gran mayoría de estas escrituras de ventas de cuotas indivisas. Solo en los 10 primeros meses del año 2023, los notarios autorizaron 500 transmisiones de participaciones indivisas en Chiclana, la inmensa mayoría, como las descritas. Si cumpliesen la Ley dejarían de ingresar cientos de miles de euros al año. Una fortuna inmoralmente deshonesta.
Los notarios incumplen la normativa
Los notarios afirmaban en un comunicado reciente que las escrituras que autorizan iban acompañadas de «un acta presencial de fotografías en las que se comprueba que no hay ningún indicio de parcelación ilegal». Una medida inútil y una burda excusa, ya que desde TONIZA-Ecologistas en Acción de Chiclana hemos comprobado que en no pocas de esas fotografías suelen aparecer decenas de casas construidas en parcelaciones ilegales cercanas o colindantes, lo que revela que se trata de una parcelación urbanística fuera de la Ley. De nuevo la legislación exige a los notarios la licencia urbanística de parcelación a los interesados para poder así autorizar la escritura, pero en las notarías de Chiclana no se cumple ni lo uno ni lo otro.
El cúmulo de ilegalidades que está conduciendo a este enorme caos territorial, ambiental y urbanístico, sin parangón en todo el Estado español, no termina aquí. Habitualmente las escrituras de ventas de participaciones indivisas que los notarios autorizan parten de una finca rústica, indivisible, de secano y de menos de 30.000 m². Para empezar, los notarios ignoran las prescripciones del planeamiento urbanístico general vigente (art. 466 de las Normas Subsidiarias en vigor desde 1995) que prohíbe la división física o ideal de parcelas de suelo no urbanizable de menos de 60.000 m². Por sorprendente que parezca, los notarios están autorizando parcelas de hasta menos de 500 m². Incluso, llegan a autorizar las escrituras de la transmisión a 20, 30 y más compradores a la vez de una gran parcela cuyas cuotas individuales acaban siendo de una superficie muy inferior a la permitida.
En estos supuestos también los notarios deben exigir para la formalización de las escrituras la licencia municipal de parcelación y, posteriormente, dar testimonio de esta licencia en las escrituras, algo que evitan los profesionales de Chiclana. La Ley del Notariado en su art. 24 exige: «Los notarios en su consideración de funcionarios públicos deberán velar por la regularidad no solo formal sino material de los actos o negocios jurídicos que autorice o intervenga, por lo que están sujetos a un deber especial de colaboración con las autoridades judiciales y administrativas».
Por estas razones, TONIZA-Ecologistas en Acción de Chiclana va a pedir al concejal de Urbanismo, Rodolfo Pérez (PSOE), que convoque una reunión urgente con los cuatro notarios y los dos registradores de Chiclana para acabar con estas prácticas aberrantes y fraudulentas que están posibilitando que estén accediendo al Registro de la Propiedad miles de títulos eventualmente nulos de pleno derecho.
Como medida posterior, TONIZA-Ecologistas en Acción de Chiclana pedirá al Ayuntamiento de Chiclana que inicie acciones legales, tanto en vía administrativa como judicial, contra quienes sigan vulnerando la legislación urbanística y territorial con el enorme perjuicio que supone para los intereses generales, el bien común de la ciudadanía y el de las generaciones futuras.
Foto: Ecologistas en Acción
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