El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha autorizado al Ministerio de licitar un contrato de servicios para la conservación y explotación de carreteras del Estado en la provincia de Cádiz, con un valor estimado de 22,8 millones de euros, sin incluir IVA. Este contrato, que tendrá una duración inicial de tres años con posibilidad de prórroga de dos años más y una adicional de hasta nueve meses, busca mantener las condiciones óptimas de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado, garantizando la accesibilidad en condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.
Los trabajos se centrarán en el mantenimiento y conservación de 154,505 km de carreteras, incluyendo 103,430 km de autovía y varios tramos de las autovías A-4, A-48, CA-31, CA-32 y CA-33, así como de las carreteras CA-37, N-340, N-346, N-349, N-4, N-4A y NR-4, incluyendo también diversos enlaces. Además, se realizará la adecuación de cartelería de orientación en varios puntos kilométricos clave.
En línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el contrato incluirá requisitos específicos para fomentar la eficiencia energética y la reducción de emisiones. Los pliegos de licitación requerirán a las empresas incluir el cálculo de la huella de carbono que se generará durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera, y se deberán presentar planes de descarbonización en los primeros seis meses de contrato. Estos planes incluirán medidas reductoras y de compensación de emisiones para alcanzar un balance neutro en carbono a los cinco años de inicio del contrato, con la posibilidad de compensación a través de proyectos registrados en el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, entre otras opciones.
Este enfoque no solo apunta a la reducción de 71.640 toneladas de CO2 anuales generadas por el funcionamiento ordinario y las labores de mantenimiento y explotación de la Red de Carreteras del Estado, sino que también refuerza la orientación hacia un servicio integral de movilidad que mejore el estado de la carretera y la red, optimizando los recursos públicos y garantizando las mejores condiciones de circulación y seguridad.
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