La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) ha mostrado su apoyo a los guardias civiles que prestaron testimonio hoy en los juzgados de Barbate, compañeros de Miguel Ángel González y David Pérez, asesinados el 9 de febrero por una narcolancha. Estos guardias civiles intentaban identificar a los ocupantes de grandes embarcaciones sospechosas de traficar drogas y migrantes a través del Estrecho de Gibraltar cuando fueron embestidos.
En un encuentro con los medios a las puertas del tribunal, el secretario provincial de JUCIL en Cádiz, Agustín Domínguez, y el secretario jurídico de JUCIL en Málaga, Pablo Rosa, destacaron la necesidad urgente de revisar y modificar el protocolo actual sobre el uso de armas. Según ellos, es crucial establecer un marco claro que permita a los agentes actuar con certeza en defensa propia y proteger a los ciudadanos de manera efectiva ante las crecientes amenazas violentas de los grupos mafiosos que dominan el narcotráfico en el sur de España.
Domínguez criticó lo que describió como un falso principio de proporcionalidad que actualmente limita a los agentes, haciéndoles dudar en momentos críticos sobre la conveniencia de utilizar sus armas reglamentarias, frente a ataques cada vez más agresivos y peligrosos. Esta situación ha contribuido a un entorno de trabajo extremadamente riesgoso para los guardias civiles.
Por otro lado, los representantes de JUCIL recalcaron la importancia de continuar con una investigación exhaustiva y mantener en prisión a los detenidos relacionados con el caso, aunque no estén directamente acusados del asesinato de los guardias. Según las investigaciones imparciales de la Unidad Central Operativa (UCO), estos detenidos no eran los tripulantes de la narcolancha implicada en los asesinatos, pero su implicación en otros delitos graves justifica, según JUCIL, la aplicación de medidas cautelares firmes.
Además, JUCIL ha aprovechado la oportunidad para pedir un reconocimiento oficial de la profesión de guardia civil como una ocupación de alto riesgo. Tal reconocimiento es vital, argumentan, para garantizar mayor protección y valoración a los agentes que desempeñan un rol crucial en la seguridad del país. La asociación se compromete a seguir luchando por un entorno laboral más seguro y justo para todos los guardias civiles.
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