Ecologistas en Acción ha iniciado una acción judicial ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Sección 3ª, debido a la prescripción de sanciones y órdenes que obligaban a la reposición a su estado original de diversos espacios y terrenos alterados por vertidos ilícitos de aguas residuales a cauces públicos, como el río Guadalquivir y el río Guadalete, tras la inactividad de los responsables de la Viceconsejería.
Durante seis años, los expedientes permanecieron paralizados en las dependencias de la Secretaría General Técnica y la Jefatura del Departamento de Recursos y Sanciones, sin que los funcionarios a cargo resolvieran los recursos interpuestos por los infractores. Esta demora, según la Ley 39/2015, excede el plazo máximo de tres meses para resolver.
La falta de resolución de estos expedientes ha ocasionado la falta de recaudación de las multas impuestas y un perjuicio significativo al medio ambiente y los ecosistemas naturales. No solo no se restauraron los espacios contaminados, sino que los infractores pudieron continuar impunemente con los vertidos contaminantes.
Ecologistas en Acción subraya que las sanciones administrativas y la reparación de daños medioambientales tienen como objetivo proteger el derecho humano al medio ambiente y disuadir a los potenciales infractores. La organización sostiene que la inactividad de los funcionarios y autoridades implicados ha favorecido las actuaciones ilegales y perjudicado los intereses generales.
El principal objetivo de las sanciones administrativas, fundamentado en el artículo 45.3 de la Constitución Española, es garantizar la aplicación de la normativa ambiental. Ecologistas en Acción insiste en que los funcionarios y autoridades deben asegurar el cumplimiento de las sanciones y las medidas de reparación del daño ambiental sin margen para la discrecionalidad.
En el procedimiento actual ante la Sala de lo Contencioso del TSJA, Ecologistas en Acción exige que se tramiten los correspondientes expedientes de responsabilidad disciplinaria contra los responsables de la Secretaría General Técnica y la Jefatura del Departamento de Recursos y Sanciones en el momento de los hechos.
Ecologistas en Acción señala que, tres años después de una sentencia del TSJA, Sección 3ª, de 10 de febrero de 2021, que obligó a la Viceconsejería a resolver los recursos de alzada, la situación general continúa de manera similar.
La organización afirma desconocer el alcance de esta práctica administrativa, pero asegura que continúa y está desproporcionadamente extendida. Ante esta situación de inactividad, Ecologistas en Acción iniciará nuevas acciones contra aquellas autoridades y cargos técnicos que, con sus omisiones, favorezcan la destrucción del medio ambiente y la impunidad de los infractores.
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