La Diputación de Cádiz ha expresado su preocupación por los nuevos criterios del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para la adjudicación de subvenciones del programa de Empleo Estable del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA). Estos cambios, que afectan tanto a municipios pequeños como grandes, transforman el sistema de reparto proporcional a uno de concurrencia competitiva y permiten a los ayuntamientos presentar hasta tres proyectos en lugar de uno.
El equipo técnico de la Diputación de Cádiz, que actualmente gestiona 95 de las 103 actuaciones del PFEA en la provincia, se vería sobrecargado por el aumento del volumen de trabajo. La dificultad para redactar y gestionar proyectos podría poner en riesgo la viabilidad del programa en varios municipios.
Otro cambio relevante es el criterio que exige que la ratio de demandantes agrarios sobre el total de demandantes de empleo del municipio supere el 10% para que el proyecto reciba subvención. Este requisito afectaría negativamente a los trabajadores agrarios de municipios con menos hectáreas de cultivo, generando una discriminación basada en el lugar de residencia.
Javier Bello, diputado provincial de Cooperación, lamentó que "los nuevos criterios que pretende incluir el Ministerio de Trabajo del Gobierno de la nación rompan con la participación proporcional de los municipios y deje en una situación muy comprometida a muchos trabajadores agrarios".
Para evitar que muchos ayuntamientos queden excluidos de estas subvenciones, la Diputación de Cádiz solicitará oficialmente al Gobierno de España que rectifique la orden ministerial. Bello subrayó la necesidad de mantener criterios proporcionales para no "sembrar discordia entre los municipios de la provincia".
La posible competencia insana entre pueblos por obtener subvenciones y el riesgo de que algunos municipios puedan quedar hasta tres años sin recibir fondos son otras preocupaciones destacadas por la Diputación. Los nuevos criterios presentados por la subdelegada del Gobierno, Blanca Flores, podrían llevar a situaciones de desigualdad y perjuicio para algunos municipios gaditanos.
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