El grupo popular en la Diputación Provincial de Cádiz presentará una moción en el próximo pleno para instar al Gobierno de España a que declare como profesión de riesgo el trabajo de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Esta iniciativa también busca la equiparación salarial de estos cuerpos con otras fuerzas de seguridad autonómicas, mediante "la puesta en marcha de una ley de retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que impida en el futuro nuevas desigualdades en relación al resto de policías del territorio español".
El portavoz del grupo popular en la Diputación, Juancho Ortiz, ha afirmado que se trata de "un obligado reconocimiento hacia las fuerzas de seguridad en general, que se hace aún más incuestionable en nuestra provincia". Además, Ortiz ha subrayado que la defensa de la actuación de los cuerpos de seguridad contrasta con "la precariedad que mantienen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en la provincia en donde hemos vivido terribles acontecimientos derivados del trabajo en desigualdad de condiciones que se ven obligados a desarrollar las fuerzas del orden frente a las bandas de narcotraficantes".
Ortiz ha rechazado "el desprecio que el ministro del Interior demuestra a los cuerpos de Seguridad, dando de lado constantemente sus reclamaciones de más medios y mejores condiciones laborales para desarrollar su labor". Además, ha recordado que "tres meses después del asesinato de los guardias civiles en Barbate poco o nada ha cambiado en la zona y se sigue negando la Declaración de la Zona de Especial Singularidad para la provincia de Cádiz".
La moción del PP también solicita que se acometan las modificaciones legales necesarias para que los agentes puedan solicitar la jubilación anticipada. Asimismo, se insta al Gobierno a elaborar un informe sobre las cantidades pendientes de consignar, puesto a puesto, hasta la equiparación real, total y absoluta de la Policía Nacional y la Guardia Civil con las policías autonómicas, así como la elaboración de una ley de retribuciones que impida futuros agravios salariales.
Complementariamente, la iniciativa exige al Gobierno que cumpla el mandato del Congreso de los Diputados para la asignación urgente de efectivos policiales a las Unidades Adscritas de la Policía Nacional en Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana y Aragón, a fin de cubrir el 100 % del Catálogo de Puestos de Trabajo asignado a estas Unidades.
Ortiz ha destacado que "nuestra obligación como servidores públicos es cuidar a quienes nos cuidan y seguir reclamando y demandando mejoras en las condiciones laborales y salariales de la Policía y la Guardia Civil y, sobre todo, el reconocimiento de su trabajo como profesión de riesgo".
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