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El Gobierno municipal de Chiclana llevará al próximo Pleno ordinario de mayo los expedientes para modificar las ordenanzas reguladoras del suministro y distribución de agua, así como del servicio de alcantarillado y depuración en el municipio. Estas modificaciones afectan a la prestación patrimonial de carácter público no tributario de ambos servicios. Según Roberto Palmero, vicepresidente de Chiclana Natural, los cambios "son necesarios para solventar situaciones que no podía regular la ordenanza anterior".

Uno de los principales asuntos abordados es la subida del precio del agua impuesta por el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana. Palmero explicó que, debido a esta subida imprevista aplicada por el Partido Popular, se debía regular la tarifa y adaptarla a los nuevos costes. Además, señaló que la reforma incluye "una serie de cambios motivados por las nuevas situaciones acontecidas como es el caso de la sequía".

El delegado de Medio Ambiente detalló que, además del ajuste del precio dictado por el Consorcio, se establece un nuevo rango de precios para las situaciones de sequía, incorporando la petición de la Junta de Andalucía para incentivar el consumo responsable del agua. "La Junta ya le ha dado el visto bueno y la ha aprobado al completo, valorando además de manera muy positiva las modificaciones introducidas", afirmó Palmero.

Roberto Palmero recordó que solicitaron al Consorcio que se cobre a los ayuntamientos por bloques, similar a cómo se cobra a la ciudadanía. Sin embargo, esta solicitud fue negada, y el Consorcio y la Junta cobran a todos los ayuntamientos por igual, independientemente del uso del agua. En el caso de Chiclana, donde hay una tarifa por bloques, el incremento de costes repercutirá en los bloques 3 y 4, correspondientes a los grandes consumidores, considerados como un consumo casi irresponsable del agua dada la situación de sequía. Según un informe de la Junta de Andalucía, esta modificación apenas se notará en las personas que hacen un uso responsable del agua.

La modificación de la ordenanza también establece un consumo mínimo que representa una carga tributaria sobre las viviendas vacías, incentivando que estas se pongan en el mercado de alquiler. Palmero indicó que esta carga tributaria no recaerá sobre las personas que hacen un uso responsable del agua.

Finalmente, Palmero se refirió a las viviendas en la zona AFO (Asimilados Fuera de Ordenación) que, pudiendo conectarse a las redes municipales, deciden no hacerlo. Estas viviendas deberán pagar por los servicios de alcantarillado, contribuyendo a las inversiones realizadas por el Ayuntamiento. Palmero destacó que esta medida busca normalizar la situación y fomentar el acceso a los servicios básicos, acompañado por el esfuerzo de los vecinos para mejorar la situación actual.

 


 

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