El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por María Dolores Guerrero Muñoz, ex interventora municipal de El Puerto de Santa María, contra el fallo dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Cádiz, emitido el 29 de enero de 2024.
La sentencia inicial desestimaba la reclamación de la ex interventora contra el alcalde, varios concejales y distintos técnicos del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, a los que acusaba de haberle causado acoso moral y reclamaba una indemnización de 150.000 euros. La sentencia afirmaba que "no se apreciaba vulneración de los derechos fundamentales invocados, todo ello sin hacer expresa condena en costas procesales".
Ahora, la Justicia, tras admitir el recurso de apelación a trámite, lo vuelve a desestimar e impone las costas procesales a la parte apelante. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dejado claro que, tras revisar las actuaciones, "no encuentran motivo para modificar la valoración de la prueba realizada en la instancia, ampliamente detallada y motivada en la sentencia, sin que se advierta cuál es el error en que se haya podido incurrir en la valoración, o que la misma no se haya realizado conforme a las reglas de la sana crítica, de forma conjunta y ponderada, o haya incurrido en arbitrariedad".
Además, la sentencia añade que "en modo alguno ha quedado probado que haya sido objeto de acoso moral en el trabajo, mobbing o haya sido víctima de una campaña de hostigamiento o recibido un trato cruel, degradante ni discriminatorio".
Desde el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María se ha recibido con satisfacción la desestimación íntegra del recurso de apelación y la confirmación de la sentencia impugnada, ya que queda probado que ninguno de los demandados, incluyendo al alcalde Germán Beardo, el teniente de alcalde Javier Bello, la concejal de Personal en el anterior mandato Marina Peris, el secretario general Juan Antonio García Casas, el tesorero José María Ortega, la vicesecretaria Araceli Isabel Rico, el jefe del Servicio de Medio Ambiente Antonio Caraballo, el jefe del Servicio de Juventud y Deportes Jesús Hernández, y el gerente del EPG Rafael Serrano, ejercieron acoso alguno sobre la interventora, ni hubo hostigamiento, humillaciones, insultos o menoscabo hacia su figura, tanto a nivel personal como profesional. También se constata que "no se observa ese plan preconcebido" que María Dolores Guerrero denunció.
Envíanos tus vídeos, fotos, denuncias y noticias por WhatsApp (645 33 11 00)
