Los hosteleros que han presentado el recurso administrativo contra las bases que regulan el proceso de adjudicación de casetas en la Feria del Carmen y de la Sal de este año en el Parque Almirante Laulhé recuerdan que tan sólo siete de las treinta y ocho casetas del recinto ferial estarán montadas por hosteleros profesionales.
El grupo de afectados señala que estos profesionales han quedado recluidos a las últimas plazas de una lista que puntúa un punto por año de antigüedad, cinco puntos por tener domicilio en San Fernando y que da prioridad absoluta si se trata de una entidad sin ánimo de lucro. Estos hosteleros consideran que se les discrimina al posicionarles en los últimos lugares de la tabla.
Uno de los más perjudicados ha sido la caseta 'Cuéntame', que desaparece de la Feria. Esta caseta lleva montando desde el año 2019 y en el 2022 tenía 691 puntos. Ahora, con las nuevas bases, ha pasado al antepenúltimo lugar, lo que imposibilita su participación. Manuel Durán, el regente de la caseta, manifestó: “El Ayuntamiento ha castigado que la razón social no es de San Fernando, a pesar de que yo sí que lo sea”.
Por otro lado, 'El Surtidor', una de las casetas más antiguas, ha pasado al último lugar y se ha tenido que conformar con montar la caseta al lado de los aseos. Juan Manuel García, su responsable, señaló: “Es injusto. Siempre me han suplicado que montase caseta porque les hacía falta y ahora me desplazan quitándome la antigüedad”.
'La Reja', 'Toma q toma', 'La Arboreá' y 'Clandestina' se han tenido que conformar con lo que ha sobrado, siendo los últimos a pesar de haber apostado por el formato de feria desde el principio en el recinto del Parque Almirante Laulhe. Jesús González, de 'La Reja', comunicó: “Hemos pasado de ser los primeros en todas las ferias a pasar a la cola”.
A pesar de que el Ayuntamiento haya ampliado en cuatro casetas “in extremis” para contentar al sector, estos hosteleros afectados no han retirado su denuncia y han dado cuenta al juez de todas estas irregularidades, con total perjuicio de la baremación de los afectados sobre las actuales bases frente a las ordenanzas del año 2016 que aún siguen vigentes. Ahora el Juzgado Contencioso Administrativo 2 de Cádiz tiene la palabra.
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