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El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María ha decidido congelar las licencias a viviendas de uso turístico mientras se diseña una nueva norma para regular el sector y se refuerza la vigilancia para perseguir a las que no están declaradas o incumplen las normas básicas de convivencia.

El equipo de Gobierno liderado por Germán Beardo ha tomado esta medida por precaución. Aunque actualmente El Puerto de Santa María es uno de los municipios turísticos de la provincia de Cádiz con menos viviendas de uso turístico, se está trabajando en la elaboración de una ordenanza para su regulación. Además, se está elaborando un registro de viviendas de uso turístico y la carga turística de cada zona.

En el registro constan actualmente 1.660 viviendas, lo que supone el 3,49% del total de viviendas. Comparativamente, Sanlúcar de Barrameda cuenta con 1.145 viviendas (3,59%), Cádiz 2.495 (4,21%), Chiclana de la Frontera 2.175 (5,03%), Rota 1.007 (3,87%), Barbate 758 (5,89%) y Conil de la Frontera 2.493 (17,15%).

La suspensión es cautelar mientras el Ayuntamiento redacta la nueva normativa que regulará estas viviendas, con el objetivo de evitar la proliferación de este fenómeno que ya afecta a otras ciudades. A pesar de que estas viviendas son necesarias debido a que la capacidad hotelera no cubre la demanda, se vigilará para que no afecten negativamente a los residentes y se dispondrá de recursos para atender las denuncias por actividades ilegales, tanto incoadas por el Ayuntamiento como por los ciudadanos.

El Ayuntamiento prepara un plan de choque con inspecciones y sanciones para desactivar las viviendas irregulares, la creación de un registro público de apartamentos con el certificado de compatibilidad urbanística del Ayuntamiento y la aprobación de una ordenanza que regule este tipo de alojamientos, con licencias limitadas en número y tiempo, y topes de carga turística.

La concejal de Turismo, Olga de Navas, recuerda que las viviendas que no están dadas de alta en el Registro de Turismo de Andalucía no pueden ofrecerse en portales especializados en alquiler vacacional, al no contar con número de registro. Los propietarios pueden ser sancionados con hasta 18.000 euros por una falta grave, o hasta 150.000 euros en caso de reincidencia.

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María colaborará con la Junta de Andalucía a través de un convenio y la creación de una comisión de seguimiento conjunta para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y detectar a aquellos prestadores que operen sin la habilitación legal necesaria. También se facilitará el intercambio de información con otras administraciones o entidades privadas para mejorar la coordinación y garantizar un adecuado desarrollo de la actividad de alojamiento en viviendas de uso turístico.

La edil tiene previsto reunirse con los propietarios para que sean conscientes de sus obligaciones, como ofrecer información turística de la ciudad y cumplir con la Ordenanza de Convivencia, que contempla sanciones importantes para aquellos que no cumplan con las normas básicas de convivencia.

 


 

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