Agentes de la Policía Nacional han detenido en El Puerto de Santa María, Cádiz, a dos personas como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. Los detenidos eran los presuntos responsables de un punto de venta muy activo de consumo y venta de estupefacientes ubicado en una vivienda social de la barriada '18 de Julio'.
La investigación se desarrolló tras varias pesquisas policiales en distintas franjas horarias y diferentes días de la semana, donde se comprobó cómo numerosas personas de diferentes perfiles entraban y salían de la referida vivienda con relativa celeridad, todos ellos con el único fin de adquirir droga.
Durante el desarrollo de la investigación, se pudo determinar que los 'pases' se llevaban a cabo en el interior del domicilio investigado para no levantar sospechas. Además, los investigados disponían de 'aguadores', quienes alertaban de la presencia policial en la zona a los responsables del punto de venta.
Los investigadores comprobaron que el morador de la vivienda objeto de registro y su socio, ambos conocedores de tales actos y beneficiarios de las ganancias generadas con la venta de estupefacientes, son conocidos por los agentes, ya que contaban con antecedentes penales por delitos de tráfico de drogas. Aprovechaban la vivienda social que posee uno de ellos para llevar a cabo la venta de cocaína.
Por todo ello, se solicitó al Juzgado de Instrucción número cinco, en funciones de guardia, el mandamiento judicial para la entrada y registro del domicilio investigado. Tras la práctica de esta diligencia y el registro domiciliario, se intervinieron 29,9 gramos de cocaína, dispuestos junto con todos los utensilios necesarios para llevar a cabo la venta (balanzas, recortes, caja de caudales, etc.), permitiendo al vendedor, al tener tanta demanda, preparar las dosis rápidamente en bolsitas de plástico (papelinas).
Con esta operación, la Policía Nacional asegura que el desmantelamiento de este punto de venta, muy activo en la zona, supone la tranquilidad de los vecinos cercanos al punto de venta. Con la inactivación del mismo, se evita el trasiego de un número considerable de compradores, mayormente consumidores procedentes de diferentes puntos de la ciudad y de la provincia, lo que generaba una inseguridad ciudadana subjetiva para los vecinos del barrio.
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