La Junta de Andalucía ha frenado la construcción de 300 parcelas y edificaciones ilegales en varios municipios de la provincia de Cádiz durante los meses de junio y julio. La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha destacado en el pleno del Parlamento el incremento de la labor inspectora, indicando que esta "está dando abundantes frutos", sobre todo en medidas preventivas como los precintos, que buscan impedir la continuación de las obras y evitar daños al territorio.
Rocío Díaz ha subrayado que "no hay mejor forma de poner freno a las viviendas ilegales sobre suelo rústico que reaccionar con agilidad y paralizar la infracción en el primer momento de su comisión". El Plan General de Inspección para el periodo 2023-2026 se centra en la prevención, dando más importancia a las medidas cautelares y el acto de precinto.
Gracias a la colaboración entre la inspección autonómica y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se han precintado 300 parcelas y edificaciones ilegales situadas en los municipios de La Rambla (Córdoba), La Línea de la Concepción, Chiclana, Paterna de Rivera, Barbate y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Brenes (Sevilla) y Palos de la Frontera y Bonares (Huelva).
Además, en las próximas semanas se llevarán a cabo actuaciones de precinto en otras 100 edificaciones ilegales en municipios de las provincias de Almería, Cádiz, Granada y Córdoba. Complementariamente, se han realizado labores de reprecinto en 184 parcelas y edificaciones precintadas en operativos anteriores para comprobar su cumplimiento en San Roque y Vejer de la Frontera.
Rocío Díaz ha agradecido el "refuerzo de la colaboración" del Seprona de la Guardia Civil y la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma en estos operativos. La consejera ha señalado que los cambios legislativos promovidos por la Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) han sido clave, ya que esta "por primera vez atribuye competencia directa a la comunidad autónoma para reaccionar ante infracciones cuya incidencia trascienda el ámbito municipal". "El objetivo es que nadie se salte la ley y nadie construya donde no puede hacerlo", ha incidido Díaz.
Díaz ha comparado los 300 precintos realizados en apenas dos meses con "casi la ausencia total de precintos y edificaciones en 2018, último año del ejecutivo socialista, en el que no se precintó ninguna edificación y los expedientes de protección de la legalidad incoados afectaron únicamente a 38 parcelas". En lo que va de año, se han iniciado expedientes de protección de la legalidad que afectan a alrededor de 400 edificaciones y parcelas ilegales y se han levantado 450 actas en visitas de inspección al territorio.
La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha incrementado la labor inspectora consciente de que el urbanismo ilegal en suelo rústico provoca graves problemas sociales y ambientales, como la contaminación y agotamiento de los acuíferos, y problemas de seguridad y salubridad por la falta de acceso a servicios de emergencia o incendios provocados por la mala calidad de los elementos constructivos.
El incumplimiento de los precintos lleva aparejada una orden de suspensión de usos y de continuar las obras, con grandes consecuencias para los propietarios, ya que dicha actuación está tipificada como infracción territorial y urbanística muy grave, con multas de 30.000 a 120.000 euros. Además, el incumplimiento de cualquier medida provisional puede dar lugar a la imposición de sucesivas multas coercitivas y agravar las consecuencias penales, con posibles penas de cárcel para los autores.
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