El Pleno ordinario del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera ha aprobado la adhesión al fondo de impulso económico, destinado a evitar la urbanización del Pinar del Hierro. La propuesta, que contempla la solicitud de una financiación de diez millones de euros para preservar una parcela de 225.000 metros cuadrados, recibió los votos favorables de PSOE e Izquierda Unida (IU), la abstención de Vox y el voto en contra del Partido Popular (PP).
La primera teniente de alcalde, Ana González, expresó su sorpresa ante la negativa del PP, indicando que "el PP de Chiclana ha votado en contra de salvar este espacio, está de acuerdo con que se construya en el Pinar del Hierro y, además, está conforme con el desequilibrio económico del propio Ayuntamiento si no se produce dicha adhesión". González subrayó que la parcela afectada está clasificada como suelo apto para urbanizar y que existen dos sentencias firmes que permitirían la construcción en caso de no compensarse económicamente: "o pagamos o se puede construir en esos 225.000 metros cuadrados", añadió.
Además, el Pleno también abordó la aprobación del expediente para la contratación del servicio de actividades deportivas y en instalaciones, con un presupuesto anual de 3.002.618,10 euros, por un período de dos años, prorrogables hasta un máximo de cuatro años. La propuesta fue respaldada por los votos favorables del Gobierno Municipal, formado por PSOE e IU, mientras que PP y Vox se abstuvieron. El delegado municipal de Deportes, José Alberto Cruz, destacó que "se trata de un servicio muy importante para la ciudad", recordando que "la licitación tiene un presupuesto base de más de tres millones de euros al año, lo que supone más del doble que hasta ahora".
Asimismo, se aprobó la modificación de la ordenanza fiscal número 27, reguladora del impuesto sobre actividades económicas, con los votos favorables de PSOE e IU, los votos en contra de PP y la abstención de Vox. La delegada de Hacienda, Isabel Butrón, señaló que esta medida se centra en la zona de Novo Sancti Petri, "con el objetivo de dar seguridad económica a final de año y cobertura a todos los servicios".
En la sesión plenaria, también se dio luz verde a la derogación de la ordenanza número 31, reguladora del precio público por la prestación del servicio de ayuda a domicilio, así como a la aprobación de un acuerdo regulador para el establecimiento y ordenación de este precio. Esta aprobación contó con los votos favorables del Gobierno y del PP, y la abstención de Vox. El delegado de Servicios Sociales, Francis Salado, destacó que, a pesar de que "la Junta de Andalucía ha subido un 4,5 por ciento el precio de la hora, éste está muy por debajo de lo que realmente supone prestar un servicio de calidad".
Por último, se aprobó la propuesta de Izquierda Unida para mejorar las condiciones laborales del colectivo de camareras de piso, un sector que reclama una mejor carga de trabajo, el reconocimiento de enfermedades profesionales y el derecho a la jubilación anticipada. Esta propuesta recibió el respaldo de PSOE, IU y PP, mientras que Vox se abstuvo.
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