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La expansión de cultivos de aguacate en secano en el río Guadiaro y sus afluentes está causando un grave déficit hídrico que afecta a la comarca del Campo de Gibraltar, según una denuncia presentada por Verdemar-Ecologistas en Acción. La organización acusa a la Junta de Andalucía de ser "cómplice de este desastre ambiental", señalando que la explotación de estos cultivos roba un volumen de agua equivalente al consumo de 40.000 habitantes al año.

Más de 1000 pozos ilegales han sido identificados en la Unidad Fisiográfica del río Guadiaro y sus afluentes, utilizados para el riego intensivo de frutos tropicales, así como para abastecer piscinas y jardines en las provincias de Málaga y Cádiz. Muchos de estos pozos se encuentran dentro de la Zona de Especial Conservación (ZEC) del Guadiaro y Hozgarganta (ES6170031).

El río Guadiaro y sus afluentes no logran recuperarse debido a la sobreexplotación de sus aguas. Verdemar-Ecologistas en Acción ha alertado de que esta situación podría infringir la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal, cuyo artículo 247 estipula que "el que, sin hallarse autorizado, distrajere las aguas de uso público o privativo de su curso, o de su embalse natural o artificial, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses".

La organización ambientalista considera que "las infracciones administrativas no le hacen ni cosquillas a los que roban el agua", ya que una hectárea de aguacate puede generar beneficios de hasta 40.000 euros al año, mientras que el consumo de agua puede alcanzar los 15.000 metros cúbicos anuales.

La expansión del cultivo de aguacates en la zona baja del Genal, de más de 400 hectáreas, está generando una demanda adicional de más de 500 litros por segundo. Esta situación no solo está reduciendo significativamente el caudal fluente en la confluencia de los ríos Genal y Guadiaro, sino que también está afectando el nivel freático en la zona del subálveo del Genal y en el primer tramo del río Guadiaro aguas abajo.

Verdemar-Ecologistas en Acción insiste en que "la Junta de Andalucía debe saber que los robos de agua son ilegales" y exige medidas contundentes para detener esta situación que consideran insostenible para el ecosistema del río Guadiaro y sus afluentes.

 


 

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