El Grupo Popular en la Diputación Provincial de Cádiz ha anunciado la presentación de una iniciativa en el próximo pleno para instar al Gobierno a “garantizar la asistencia jurídica gratuita a las víctimas de violencias sexuales”. Para ello, el Grupo Popular pide la “reforma de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita” y que en los próximos Presupuestos Generales del Estado se asignen fondos suficientes dentro del marco del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género.
El portavoz del Grupo Popular, Juan José Ortiz, explicó que actualmente existe una “incomprensible distinción en la asistencia de las víctimas de violencia de género, ya que las mujeres de violencia sexual siguen sin tener garantizado su derecho a una defensa gratuita e integral, algo que sí tienen reconocido otras víctimas de violencia”. Ortiz señaló además que esta modificación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita está pendiente desde hace un año, y lamentó que “las víctimas de violencia sexual no pueden seguir postergadas, deben tener a su disposición todos los recursos necesarios en un momento tan crítico”.
Por su parte, el portavoz también indicó que, desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, se ha venido realizando un esfuerzo para garantizar esta asistencia jurídica gratuita mediante el turno de guardias específicos de Violencia de Género. Sin embargo, Ortiz subrayó que “esta no debe ser la solución definitiva”, y reclamó que el Gobierno central asuma su responsabilidad para garantizar una asistencia jurídica gratuita que sea “eficaz, integral y universal para todas las víctimas”.
En la misma sesión plenaria, el Grupo Popular presentará otra moción en la que se reiteran las peticiones de apoyo para la Policía Nacional, la Guardia Civil, los agentes de Aduanas y los funcionarios de prisiones en la provincia, los cuales, según Ortiz, “siguen abandonados por parte del Ministerio de Interior”. A pesar de los acuerdos plenarios y las peticiones unánimes de estas fuerzas de seguridad en distintos niveles administrativos, Ortiz recordó que “todo sigue igual y sin mejorar las condiciones, los medios y los recursos que permitan que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desempeñen su trabajo con dignidad y con garantías”.
La propuesta del Grupo Popular incluye también una solicitud a la Diputación Provincial para que respalde las reivindicaciones de Policía Nacional, Guardia Civil, agentes de Aduanas y Prisiones, y para que se cumplan compromisos relacionados con la declaración de estas funciones como profesiones de riesgo, mejoras laborales y la corrección de la discriminación en el acceso a la jubilación anticipada. Adicionalmente, se pide que se impulse el reconocimiento de la condición de autoridad pública para los funcionarios de prisiones y que se atiendan las necesidades de recursos humanos y materiales para garantizar la seguridad y efectividad en sus funciones.
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