La Diputación de Cádiz ha aprobado por unanimidad una moción propuesta por Izquierda Unida que insta a la Junta de Andalucía a implementar Centros de Crisis de atención 24 horas para las víctimas de violencia sexual en cada una de las ocho provincias andaluzas. La moción, presentada por el diputado provincial de IU Cádiz, Ramón Galán, responde a la Ley de Libertad Sexual de 2022, que establece la necesidad de contar con un Centro de Crisis en cada provincia y ciudad autónoma de España.
Durante el pleno, Galán destacó que la ley inicialmente contemplaba un plazo de seis meses para la puesta en marcha de estos centros, periodo que se amplió hasta el 31 de diciembre de 2023. Sin embargo, a pesar de que otras comunidades autónomas ya han habilitado estos centros, "en Andalucía no hay actualmente ninguno operativo".
Izquierda Unida resaltó que estos centros están destinados a ofrecer atención jurídica, psicológica y social a las víctimas de violencia de género, una función esencial para la que "Andalucía ha recibido del Gobierno central hasta la fecha 12,3 millones de euros y no ha empleado ni un euro en este cometido". Asimismo, indicó que los centros proveerán "apoyo y asistencia en situaciones de crisis para las víctimas y sus familias y personas del entorno", con "acompañamiento e información telefónica y presencial las 24 horas del día todos los días del año".
Galán expuso datos del 'Informe sobre delitos contra la libertad sexual en España 2023', elaborado por el Ministerio del Interior, donde se refleja que Andalucía ocupa el segundo lugar en delitos contra la libertad sexual, con 3.473 casos en 2023, y que de estos, 483 corresponden a la provincia de Cádiz. A su vez, mencionó que el Instituto Andaluz de la Mujer atendió a 660 víctimas de violencia sexual en ese mismo año.
Por otro lado, la Diputación de Cádiz también aprobó por unanimidad otra moción de IU en apoyo al derecho de asilo de varios activistas saharauis. Según Ramón Galán, estos activistas permanecieron en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas hasta que se les denegó el asilo y fueron deportados a Marruecos. Galán señaló que estos activistas "luchan por la libertad del pueblo saharaui y por el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas". Destacó, además, que algunos de estos deportados, entre los que se encontraban menores y personas en tratamiento oncológico, pueden enfrentar situaciones de vulnerabilidad.
Finalmente, la moción insta al Gobierno español a "tomar las medidas necesarias para asegurar que se respeten los derechos humanos de los solicitantes de asilo saharauis, especialmente aquellos que alegan situación de persecución política y/o tortura".
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