Una concentración ciudadana tuvo lugar a las puertas de la Parroquia de San Paulino de Barbate el 10 de octubre de 2024. El evento, convocado sin la debida autorización de la autoridad gubernativa, derivó en una grave alteración del orden público y expuso a serio peligro a las personas trabajadoras que se encontraban en las dependencias parroquiales.
La Diócesis de Cádiz y Ceuta y la Parroquia de San Paulino condenaron enérgicamente las amenazas, injurias y vejaciones que se profirieron durante la concentración hacia el personal que presta servicios en la gestión del cementerio de Barbate, señalando que dichas personas realizan su labor "de manera correcta y con educación" y que, en ocasiones, han soportado un trato inadecuado por parte de algunos usuarios. Además, la Diócesis deploró los actos de incitación a la ciudadanía contra las instituciones, con el objetivo de presionar a la Diócesis, al Obispo y a la Parroquia de San Paulino en la situación que afecta al cementerio, declarando que la solución debe encontrarse "de manera consensuada" entre el Municipio, la Diócesis y la Parroquia.
Desde junio de 2023, representantes de la Parroquia y de la Diócesis han mantenido conversaciones telefónicas y reuniones de trabajo con el Ayuntamiento de Barbate. En dichas instancias, la Diócesis desmintió las acusaciones de cesión o subcontratación de la gestión del cementerio, así como de una subida abusiva de precios, recalcando que esta última actualización, la primera en ocho años, responde a los aumentos en los costos de materiales, energía y salarios. Hasta la fecha, se han emitido cinco comunicados por parte del Administrador parroquial de San Paulino, además de uno conjunto con otros párrocos de parroquias con cementerios, negando tales acusaciones. Estas declaraciones han sido compartidas con las Hermandades, Cofradías de Barbate y con la comunidad parroquial.
En la última reunión con el Ayuntamiento, la Parroquia y la Diócesis dejaron claro que cualquier acuerdo requeriría informes técnicos y jurídicos de acuerdo con la normativa canónica, además de la aprobación por los órganos diocesanos. Asimismo, se necesita la emisión de informes técnicos por parte del Ayuntamiento, que incluyen intervención y secretaría, para su posterior aprobación en pleno municipal, lo que impidió un comunicado conjunto al término de dicha reunión.
La Diócesis también lamentó el tratamiento injusto que se ha dado a este asunto en algunos medios de comunicación, los cuales, según manifiestan, han ignorado la versión ofrecida por las autoridades eclesiásticas. Reiteraron que la actualización de precios aplicada en 2023, disponible en la web de la Diócesis y en los tablones de anuncios de los cementerios, se realizó tras ocho años sin cambios y es necesaria para garantizar la viabilidad económica del servicio.
Por último, la Diócesis apeló a la responsabilidad de los representantes políticos para evitar "injustos enardecimientos en los ánimos de la ciudadanía" que puedan llevar a incidentes como el ocurrido durante la concentración, ya que consideran que estos actos no contribuyen al "buen nombre y consideración del pueblo de Barbate".
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