La Diputación de Cádiz ha dado inicio a un proceso informativo para presentar el proyecto que pretende optimizar el rendimiento y el impacto social de sus políticas en servicios sociales. Los primeros en ser informados han sido representantes de las centrales sindicales UGT, Comisiones Obreras y CSIF, junto con el personal adscrito al Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, en dos reuniones presididas por Almudena Martínez, presidenta de la Diputación.
El plan de la Diputación incluye la creación de un organismo autónomo que centralice la gestión de las políticas sociales, con el objetivo de "blindar públicamente" a los trabajadores del área y de asegurar una gestión directa de todos los servicios sociales. La presidenta Almudena Martínez ha explicado que esta revisión es necesaria debido a la "situación insostenible a largo plazo" que enfrenta el modelo actual, la cual, según la Diputación, se ha heredado de anteriores administraciones. Las principales áreas afectadas, como la administración de residencias de personas mayores en Cádiz, El Puerto de Santa María, y próximamente en La Línea, evidencian la urgencia de este cambio.
Paula Conesa, diputada responsable del Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, señaló que esta área mantiene un contacto directo con personas vulnerables, y que dicha atención exige respuestas "ágiles e inmediatas" en cuanto a contrataciones, sustituciones y provisiones de suministros y obras. Sin embargo, debido a una "merma en las plantillas" por jubilaciones que superan a las nuevas incorporaciones, y la sobrecarga de trabajo en diversas áreas de la administración provincial, los servicios sociales no logran ofrecer la rapidez necesaria. Además, el modelo actual presenta un desequilibrio económico, ya que los fondos invertidos no corresponden con el número de personas atendidas, que es de un centenar de residentes. Este desajuste afecta los principios de buena gestión financiera y eficiencia en el uso de los recursos públicos.
El director del Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Javier Rodríguez Para, subrayó la necesidad de este nuevo modelo, aclarando que la privatización no es una opción. No obstante, no intervenir tampoco sería una alternativa viable, pues existe el riesgo de que una entidad superior tome decisiones drásticas. El proyecto plantea una estructura de personal dividida en tres categorías:
- Personal del Área: mantendría sus condiciones laborales y retributivas actuales conforme a la Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación.
- Personal propio del organismo autónomo: cubriría las necesidades de plantilla mediante un convenio específico similar al de la Diputación, cuya negociación se realizará con los sindicatos.
- Personal de las residencias de mayores: debido a la especialidad de sus funciones, con un régimen de 24 horas, se plantea su incorporación como trabajadores fijos, mediante un proceso selectivo y bajo un convenio sectorial con las mejoras pertinentes.
Complementariamente, se contempla la posibilidad de una reubicación voluntaria para los trabajadores adscritos a las residencias en otros centros de la Diputación.
Este nuevo modelo de gestión, según ha indicado la presidenta Martínez, busca la sostenibilidad y excelencia del servicio, garantizando la gestión pública directa de todos los servicios sociales, incluidas las residencias de mayores, así como la viabilidad económica y el respeto a los derechos laborales. Se prevé que el ahorro generado permita la reinversión en plazas adicionales en residencias o en servicios sociales para municipios que necesitan apoyo en sus centros asistenciales públicos, siempre con la prioridad en las personas y su bienestar.
En este primer encuentro informativo también participaron los vicepresidentes primero y tercero de la Diputación, Juancho Ortiz y Jacinto Muñoz, además de direcciones y personal técnico de las Áreas de Presidencia, Función Pública, Recursos Humanos y Servicios Sociales, Familias e Igualdad.
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