El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera ha planteado la necesidad de solventar su deuda estructural mediante la colaboración del Gobierno de España. Durante un encuentro celebrado el 25 de noviembre, el municipio expuso que resulta imprescindible contar con mecanismos adicionales a los fondos de ordenación del Ministerio de Hacienda para aliviar la carga financiera y mejorar los servicios públicos esenciales.
En la reunión, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, trasladó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la urgencia de abordar esta problemática. Según García-Pelayo, "el Ayuntamiento afrontará la deuda estructural pero necesitamos la colaboración y el apoyo del Gobierno de España. Tenemos que ir de la mano para solventar esta situación".
El encuentro coincidió con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una fecha en la que Jerez se sumó a la reivindicación con una manifestación bajo el lema 'Que la vergüenza cambie de bando'. Durante la reunión, se abordó la necesidad de una mayor unidad en la lucha contra la violencia de género, destacando que 40 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año, junto con 8 menores y 30 huérfanos.
En relación con las recientes inundaciones en Valencia causadas por la DANA, García-Pelayo expresó su solidaridad con el pueblo valenciano, destacando el envío de efectivos de Policía Local y Protección Civil desde Jerez. Además, anunció un programa de hermanamiento para las localidades más afectadas durante las próximas Navidades.
Otros asuntos tratados incluyeron la necesidad de incrementar la oferta de vivienda asequible, una mayor subvención para el transporte público y la mejora de los protocolos de integración para inmigrantes. En relación con la vivienda, la alcaldesa subrayó que "con la actual Ley de Vivienda es imposible que podamos hacer realidad el derecho constitucional de acceso a una vivienda" e insistió en la importancia de alcanzar acuerdos en este ámbito.
Finalmente, García-Pelayo solicitó una moratoria para la tasa de basuras que el Gobierno obligará a implantar en los ayuntamientos, calificándola de "injusta" y afirmando que "jurídicamente es una tasa muy discutible porque el Gobierno no puede obligar a crear tasas". Según la alcaldesa, Sánchez reconoció las dificultades para revertir esta medida, aunque no se comprometió a cambios inmediatos.
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