USTEA - Enseñanza Cádiz ha denunciado el trato desigual que, según afirma, la Delegación Territorial de Educación aplica entre los centros públicos y los concertados en Andalucía. Este sindicato señala que medidas como la supresión de clases y la imposición de aulas mixtas afectan exclusivamente a la educación pública, mientras que los centros concertados, incluso con bajos niveles de matriculación, no se ven sometidos a estas prácticas. Según USTEA, esta situación representa "una clara injusticia que profundiza la desigualdad y debilita la calidad educativa en Andalucía".
En un informe publicado por la Junta de Andalucía el 29 de mayo de 2024, se detalla que "los centros públicos en Andalucía han perdido 14.957 escolares matriculados en enseñanzas no universitarias desde 2016, mientras que los centros privado-concertados tan solo 1.109 escolares". Estos datos evidencian que "la bajada de la natalidad está siendo asumida, casi de manera exclusiva, por la escuela pública, donde se cierran líneas, año tras año, adelgazando centros o eliminándolos".
Un ejemplo de esta desigualdad es la creación de aulas mixtas en colegios públicos, que agrupan a estudiantes de diferentes edades y niveles, como infantil de 3 y 4 años o de 4 y 5 años. Aunque esta medida se considera extraordinaria, debe cumplir requisitos como pertenecer al mismo ciclo educativo y no superar la ratio de 15 estudiantes por aula. USTEA subraya que en estas aulas "se limitan la atención y los recursos disponibles para cada estudiante, afectando especialmente a los más pequeños y a quienes requieren apoyo educativo específico".
El sindicato denuncia que la Delegación Territorial de Educación impone estas medidas en los colegios públicos mientras que "la escuela concertada, supuesta subsidiaria desfasada por un acuerdo del baby boom de los años 60, le subvencionan líneas que se 'revisan' solo cada cuatro años". Esto genera una sobrefinanciación de unidades con menos matriculaciones, favoreciendo las posibles sobrerratios y la necesidad de crear aulas mixtas únicamente en el sistema público. Según USTEA, estas prácticas constituyen "una grave vulneración de los derechos educativos, un trato de favor a la Educación Privada-Concertada, mayoritariamente religiosa, que afecta negativamente a la calidad en los centros públicos aconfesionales, generando recortes de personal docente y limitando los recursos destinados a la educación pública".
Durante el período de escolarización para el curso 2024-2025, al menos seis centros públicos de la provincia de Cádiz se han visto afectados por la fusión de aulas mixtas, lo que ha provocado la supresión de una clase por centro antes del 1 de marzo de 2024. Entre los casos específicos destacan:
- C.E.I.P. Nuestra Señora de la Oliva (Vejer de la Frontera): Ha perdido una línea de escolaridad en 1º de Infantil.
- C.E.I.P. Antonio Machado (Grazalema): Cuenta con un aula mixta para 3º y 4º de Primaria.
- C.E.I.P. Maestro Juan Marín (Zahara de la Sierra): Se han creado aulas mixtas para todos los grupos de Infantil con ratios mayores a los permitidos.
- C.E.I.P. Marqués de Santa Cruz (El Puerto de Santa María): Ha perdido una línea de escolaridad en 1º de Primaria.
- C.E.I.P. Maestro Eduardo Lobillo y C.E.I.P. Azorín (Rota): Presentan ratios ilegales de hasta 26 estudiantes en algunas clases.
- C.E.I.P. Servando Carmuñez (San Fernando): Alcanza ratios de 26 estudiantes en 4º de Primaria.
En algunos de estos centros, USTEA denuncia que se intentó agrupar alumnos de los tres niveles de Infantil (3, 4 y 5 años) en una misma clase, alcanzando la ratio máxima y deteriorando las condiciones de enseñanza. La imposición de estas aulas mixtas afecta especialmente a las zonas rurales y desfavorecidas, contribuyendo al abandono de estas áreas y a la despoblación. Además, según el sindicato, "condiciona la libre elección de centro de las familias, que, en muchas ocasiones, tienen que matricular a sus hijos en centros concertados".
USTEA también denuncia que, mientras se imponen sobrerratios y aulas mixtas en los centros públicos, en los concertados se mantiene una situación privilegiada. Un ejemplo es la línea de 3 años del C.D.P. Nuestra Señora de Lourdes, en Cádiz, que opera con solo 4 alumnos. "Un número tan reducido de matriculación que en un colegio público hubiera significado la creación de un aula mixta con algunos de los cursos posteriores", señala el sindicato.
Por último, el sindicato destaca que los centros concertados no solo se benefician de revisiones menos frecuentes en sus líneas de escolaridad, sino que también tienen permitido realizar un uso lucrativo de sus instalaciones, algo prohibido en los centros públicos. Para USTEA, esta situación refuerza un modelo educativo que favorece "a la red concertada mayoritariamente religiosa, mientras desmonta el tejido sociocultural de los barrios que pierden sus colegios públicos".
Ante esta situación, USTEA Enseñanza Cádiz exige a la Delegación Territorial de Educación que revise de inmediato estas políticas, garantizando igualdad de trato entre los centros públicos y concertados. Sin embargo, afirman que la respuesta recibida ha sido que deben trasladar estas denuncias a instancias nacionales, ya que el convenio de la educación concertada depende de ese nivel administrativo.
Envíanos tus vídeos, fotos, denuncias y noticias por WhatsApp (645 33 11 00)
