La Diputación Provincial de Cádiz ha aprobado una moción promovida por el PSOE para apoyar la reclamación de los rectores de las universidades públicas andaluzas en relación al cumplimiento de la financiación acordada con la Junta de Andalucía. La iniciativa salió adelante con el voto en contra del Partido Popular y la abstención del grupo La Línea 100X100. El pleno, celebrado el 18 de diciembre de 2024, abordó este asunto como uno de los puntos centrales.
La portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Ana Carrera, defendió la propuesta destacando la necesidad de garantizar el cumplimiento del artículo 21 del Estatuto de Autonomía, que asegura la igualdad de oportunidades para todos los andaluces. Según Carrera, las universidades públicas enfrentan serios problemas de financiación que comprometen tanto el pago de salarios como el desarrollo de programas y líneas de investigación, citando la preocupación expresada por el rector de la Universidad de Cádiz (UCA), Casimiro Mantell. Este último alertó de un déficit de dos millones de euros en los presupuestos andaluces que afecta directamente a la UCA.
La moción exige que la Junta de Andalucía cumpla con las demandas de los rectores y, además, plantea que la Diputación de Cádiz se implique directamente en caso de que el gobierno autonómico no lo haga. En este sentido, el texto aprobado declara que la UCA es una institución fundamental para el desarrollo económico y social de la provincia y que debe ser una línea estratégica de colaboración de la Diputación para garantizar su calidad.
Carrera subrayó que la falta de compromiso de la Junta de Andalucía evidencia una estrategia por parte del Partido Popular para favorecer la expansión de universidades privadas en detrimento de las públicas. Durante su intervención, denunció que en los últimos años se han reducido de forma drástica las partidas presupuestarias destinadas a la investigación, que pasaron de 341 millones de euros en 2021 a 176 millones en 2025. Asimismo, criticó la creación de cuatro nuevas universidades privadas bajo el gobierno de Moreno Bonilla y recortes significativos en otros ámbitos, como infraestructuras universitarias, cuyo presupuesto disminuyó de 160 millones en 2021 a 80 millones en 2024.
En el transcurso del pleno, la portavoz socialista reprochó al portavoz del PP que insinuara que "los rectores mienten con sus reclamaciones", insistiendo en que "no se manifiestan por capricho, sino que se trata de una voz de auxilio".
El pleno también abordó cuestiones relacionadas con los presupuestos provinciales, aún pendientes de discusión. Carrera preguntó a la presidenta de la Diputación por qué no se ha celebrado la comisión informativa sobre las cuentas provinciales. En el mismo marco, tanto el PSOE como Izquierda Unida solicitaron información sobre el reciente viaje del vicepresidente Germán Beardo a Argentina para confirmar que no se hizo uso de fondos públicos de la institución en dicho desplazamiento.
Otro de los temas destacados fue la moción relativa al cambio del nombre del estadio Nuevo Mirandilla en Cádiz. Óscar Torres, diputado provincial socialista, señaló que esta decisión podría incumplir las leyes estatal y autonómica de memoria democrática, al devolver honores a un personaje vinculado a la dictadura que estuvo implicado en la depuración de funcionarios municipales y provinciales durante el franquismo.
Por último, se debatieron problemas relacionados con los servicios públicos en pequeños municipios de la provincia. Carrera denunció que en localidades como El Gastor, la trabajadora asignada a la Ley de Dependencia ha sido trasladada a otro municipio sin ser sustituida. Además, expuso que la educadora social de la zona lleva un año de baja sin un reemplazo y que la psicóloga, que debería acudir una vez a la semana, solo lo hace una vez al mes. La portavoz socialista calificó esta situación como un reflejo de los problemas generalizados en los servicios comunitarios de las localidades más pequeñas.
El diputado socialista y alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, participó en la discusión sobre una propuesta relativa al Estatuto básico de los municipios de menor población, que afecta a aquellos con menos de 5.000 habitantes. Aunque el PSOE votó a favor de esta iniciativa, Ruiz Arana acusó al PP de concentrar las ayudas de la Diputación en los municipios más grandes, como Jerez, La Línea, Algeciras y El Puerto de Santa María, en detrimento de las pequeñas localidades que requieren más apoyo. Asimismo, criticó la demora en la puesta en marcha de la Oficina de Alcaldes, un proyecto anunciado hace año y medio y utilizado, según el socialista, como pretexto para una rueda de prensa de Navidad.
La jornada concluyó con múltiples demandas al equipo de gobierno de la Diputación para garantizar una gestión más equitativa y eficiente en todos los municipios de la provincia, especialmente en los más pequeños, que enfrentan una creciente desigualdad en el acceso a servicios públicos y recursos.
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