La Junta de Andalucía ha eliminado 120 unidades educativas en los colegios públicos de educación infantil y primaria de la provincia de Cádiz, según la Orden del 10 de diciembre de 2024 publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el 19 de diciembre. Esta medida forma parte de una reducción más amplia en toda la comunidad autónoma, que ha supuesto "180 líneas menos en educación Infantil y 525 en primaria respecto al curso pasado". Desde la llegada al poder de Moreno Bonilla, la red pública de centros educativos en Andalucía "ha perdido 2.548 clases", mientras que la enseñanza concertada ha mantenido su oferta intacta. Según el comunicado del sindicato docente USTEA Cádiz, "el presupuesto en conciertos para 2025 superará los 1.000 millones por segundo año consecutivo, rompiendo todos los récords de inversión al añadir otros 72 millones más al presupuesto anterior".
Cádiz es la segunda provincia más afectada de Andalucía, solo superada por Sevilla, que pierde 163 unidades. El desglose provincial muestra una realidad preocupante: "Concretamente se han creado 53 unidades y se han suprimido 173. Eso daría un total de -120 grupos, si bien desde USTEA Cádiz las elevamos a 136 al restar de las creaciones las aulas de educación especial, que no son aulas grupales como tal, sino aulas de atención personal y limitada a tiempos y alumnado concreto por especialistas".
En las localidades con mayor población, los datos son alarmantes. En Cádiz capital, se crearon 1 aula y se suprimieron 10, dejando un saldo neto de 9 unidades menos. En Jerez de la Frontera, "6 se crean y 22 se suprimen", resultando en 16 menos. Algeciras pierde 11 unidades (6 creadas y 17 suprimidas), Chiclana de la Frontera pierde 9 (4 creadas y 13 eliminadas), San Fernando 10 (3 creadas y 13 eliminadas) y El Puerto de Santa María 14 (2 creadas y 16 eliminadas). En conjunto, estas localidades "han perdido 91 unidades y han ganado 22, dejando un resultado neto de -69 grupos".
Desde USTEA Cádiz, se denuncia que esta política supone "un ERTE público encubierto que afecta al personal interino de manera directa e indirectamente a los funcionarios de carrera, que reducen sus posibilidades de movilidad, curso tras curso, e incluso ya se genera una tendencia al alza preocupante de docentes desplazados de sus centros de destino definitivo".
La Consejería de Educación justifica la medida alegando un descenso en la natalidad, pero USTEA señala que "este mismo fenómeno no afecta a los centros privados concertados que mantienen su oferta intacta desde hace años, a menos que tengan una bola de cristal y sepan que los no nacidos iban a solicitar sólo centros públicos". Según el sindicato, "el cierre de clases públicas es una apuesta política de la Consejería por un determinado modelo de educación que supone la extensión de los conciertos educativos".
Por otro lado, USTEA Cádiz valora positivamente la creación de 13 aulas específicas para alumnos con necesidades educativas especiales (NEE), las cuales, indican, eran "una necesidad acuciante, por la sobrerratio preexistente y el desbordamiento este curso por cambios de modalidad de escolarización". Estas aulas han sido distribuidas en varias localidades de la provincia, incluyendo Setenil, Sanlúcar, San Fernando, El Puerto de Santa María, Cádiz, Barbate, La Línea de la Concepción (2), Algeciras (2) y Jerez de la Frontera (3).
El sindicato asegura que "los centros públicos están encantados de recibir y atender al alumnado con necesidades educativas específicas", en contraposición a la escuela concertada donde, según denuncian, "aunque hay contadas peticiones por parte de estos centros, no se les ha concedido ninguna aula". USTEA también destaca que el porcentaje de matriculación de alumnado NEE ha aumentado significativamente, alcanzando "el 8% del alumnado de nuevo ingreso en tres años, según datos del curso pasado".
Finalmente, USTEA Cádiz exige "el blindaje de la Educación Pública, la recuperación de las unidades escolares suprimidas, un aumento de las plantillas y una bajada de ratio como alternativas al recorte de la red pública andaluza". El sindicato concluye que seguirá vigilante para garantizar "que este alumnado, más que ninguno por su vulnerabilidad, cuente con los recursos personales y materiales suficientes y reconocidos por la propia administración en sus dictámenes de escolarización".
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