El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha confirmado la eliminación de 173 líneas educativas en colegios de la provincia de Cádiz, según las últimas medidas adoptadas por el Gobierno andaluz. Este ajuste afecta directamente a aulas de centros públicos, dejando intactos los colegios concertados, a pesar de la disminución general de la natalidad en la región. Desde hace semanas, esta decisión ha sido objeto de críticas tanto por parte de sindicatos como de la oposición, quienes consideran que agrava las desigualdades en el acceso a la educación pública.
Estas modificaciones han sido vinculadas con un cambio en las prioridades del Ejecutivo andaluz, liderado por Juanma Moreno, quien anteriormente implementó ajustes similares en el ámbito sanitario. Según las declaraciones del PSOE provincial de Cádiz, estas acciones se alinean con una estrategia de privatización de los servicios públicos.
La portavoz socialista y secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, Ana Carrera, ha calificado la decisión como "un ataque sin precedentes a la igualdad y al acceso a la educación". En sus declaraciones, Carrera criticó que la administración autonómica justifique los recortes por la disminución del alumnado, argumentando que esa realidad podría haberse aprovechado para reducir la ratio en las aulas y mejorar la calidad educativa, en lugar de suprimir recursos.
Otro punto de preocupación señalado por Carrera es el impacto de estos recortes en la educación especial, que incluye la disminución de personal técnico de integración social. La dirigente también recordó que en los últimos meses se ha producido un aumento en los precios de servicios complementarios como comedor, actividades extraescolares, transporte y aulas matinales, incrementando así la carga económica para las familias.
Asimismo, destacó como un ejemplo de la gestión cuestionable del Ejecutivo andaluz el rechazo de una partida de 112 millones de euros en fondos europeos destinados a la apertura de escuelas infantiles, dinero que finalmente fue asignado a otras comunidades autónomas.
Con estas decisiones, concluyó Carrera, "se ha perdido una oportunidad importante para reforzar la educación pública, trabajar en una disminución de ratios y garantizar plantillas adecuadas para una enseñanza de calidad".
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