La Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (Eracis+) destina una partida de 10,7 millones de euros a la provincia de Cádiz como parte de una convocatoria dirigida a entidades del tercer sector. Este fondo, que forma parte de un total de 48,1 millones de euros disponibles para Andalucía, busca combatir la exclusión social en 96 zonas desfavorecidas de la comunidad entre 2025 y 2028. El plazo para presentar solicitudes se extiende hasta el 20 de enero.
El programa Eracis+, cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE+) y la Junta de Andalucía, tiene como objetivo fortalecer la colaboración entre administraciones locales y entidades sociales para implementar itinerarios personalizados de inclusión social y laboral. Las entidades locales ya han desarrollado planes de intervención para evaluar la situación de las personas en riesgo de exclusión. Ahora, el tercer sector complementará estas acciones mediante tutorías, mediación y formación adaptada a las necesidades de cada individuo.
Este martes, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, destacó la importancia de las subvenciones para consolidar medidas eficaces contra la exclusión social. Según López, el trabajo conjunto entre administraciones y entidades sociales es "clave para avanzar y consolidar aquellas medidas eficaces contra la exclusión social como la Eracis". También subrayó que estos fondos complementan la mayor inversión realizada en la historia para combatir la exclusión en Andalucía, con un total de 184 millones de euros asignados a las zonas desfavorecidas.
El pasado jueves 9 de enero, una sesión informativa virtual reunió a más de 600 participantes interesados en conocer los detalles de la convocatoria. Esta estrategia busca garantizar un modelo de intervención personalizada, que combine recursos financieros, técnicos y organizativos para mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad.
En Cádiz, que cuenta con una veintena de zonas desfavorecidas, las entidades del tercer sector jugarán un papel fundamental en la implementación de acciones que promuevan el uso normalizado de recursos públicos y fomenten la inclusión integral de las personas en riesgo.
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