SUMAR Cádiz ha denunciado los recortes aplicados por la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía en los presupuestos destinados a los centros públicos que imparten Formación Profesional (FP). Según el movimiento, las reducciones, que alcanzan hasta un 20% en algunas especialidades, evidencian un deterioro progresivo de la educación pública, agravado por medidas similares en cursos anteriores.
Desde SUMAR Cádiz, se acusa al Gobierno de Moreno Bonilla de impulsar una estrategia orientada a desmantelar los servicios públicos en beneficio de intereses privados. En palabras de Esther Gil de Reboleño, diputada de SUMAR Cádiz en el Congreso, “los recortes en educación, como los que se están aplicando a la Formación Profesional, reflejan una estrategia clara del Gobierno del PP: desmantelar lo público para beneficiar intereses privados. Lo están haciendo con la sanidad pública y lo hacen con la escuela pública”.
Gil de Reboleño critica que estas decisiones perjudican especialmente a las familias con menos recursos, limitando sus opciones educativas y fomentando la segregación. “La educación pública debe ser la columna vertebral de nuestra sociedad. Es la única que integra en lugar de segregar, la única que educa en libertad y reequilibra las desigualdades sociales”, señaló, añadiendo que los recortes están debilitando la capacidad de la educación pública para cumplir con estos objetivos fundamentales.
SUMAR Cádiz también ha puesto como ejemplo de esta política privatizadora la reciente autorización administrativa para abrir nuevos ciclos formativos en centros privados, como el Albor Croft-Grupo Ilerna en Jerez de la Frontera, que contará con 720 plazas privadas en ocho ciclos diferentes. Mientras tanto, denuncian que la oferta pública permanece estancada y los centros educativos afrontan restricciones presupuestarias que afectan tanto a sus instalaciones como a sus recursos humanos.
Ante esta situación, SUMAR Cádiz ha exigido al Gobierno andaluz un cambio de rumbo que priorice el refuerzo de la educación pública. Entre las demandas planteadas destacan el aumento de los recursos destinados a los centros educativos, la reducción de la ratio de alumnos por aula y la ampliación de la oferta pública en FP, medidas que consideran esenciales para garantizar la igualdad de oportunidades en la provincia y en toda Andalucía.
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