El transporte público colectivo en San Fernando continuará ofreciendo un descuento del 50 por ciento para sus usuarios, a pesar de la reciente votación en contra de la oposición en el Congreso de los Diputados sobre las subvenciones impulsadas por el Gobierno central. Estas medidas, destinadas a fomentar el uso del transporte público en el contexto de la emergencia climática actual, han quedado rechazadas en el ámbito estatal, generando preocupación por el impacto que esto podría tener en la economía de los ciudadanos y en los recursos disponibles para los servicios públicos.
El Ayuntamiento de San Fernando ha decidido asumir íntegramente el coste de estas bonificaciones, garantizando que el precio de los abonos de transporte no aumentará. La administración local ha señalado que esta decisión busca proteger tanto la economía familiar como las políticas que han demostrado ser efectivas para incrementar el uso del transporte público frente al coche privado.
El impacto positivo de estas medidas se refleja en las cifras de usuarios del transporte público en la ciudad. Desde la implementación de las ayudas estatales tras la pandemia, se ha registrado un incremento sostenido en el número de usuarios, pasando de 541.553 en 2022 a 780.264 en 2024, lo que representa un aumento de cerca de 91.000 personas en un solo año.
El consistorio ha reiterado su compromiso con la movilidad sostenible, enfatizando la necesidad de una ciudad más amable, menos contaminante y con menos ruido. Esto incluye fomentar el uso del transporte público y reducir la dependencia del vehículo privado y de los combustibles fósiles, contribuyendo a una movilidad cotidiana más sostenible.
Por otro lado, el gobierno local ha manifestado su profunda indignación por la postura adoptada por los partidos de la oposición en el Congreso de los Diputados, acusándolos de anteponer sus intereses políticos a las necesidades de la ciudadanía y las administraciones locales. Según el Ayuntamiento, esta decisión podría haber generado un transporte público más costoso y recursos más limitados para los servicios públicos esenciales.
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